Minería de oro en Colombia vulnerable a actividades ilícitas

Se identifica que en toda la cadena de valor, desde el proceso de extracción del metal precioso, hasta su comercialización (y eventual exportación a mercados internacionales) hay actividades de corte criminal como facturación fraudulenta, extracción ilegal, flujos financieros ilícitos y lavado de activos. Así como unas afectaciones profundas en el medio ambiente debido a prácticas no sostenibles que afectan la biodiversidad y riqueza natural del país.

Por otra parte, el informe señala que las comunidades mineras que se dedican a la extracción artesanal de oro, que usualmente han sido señaladas como responsables de estas afectaciones, no siempre están relacionadas con este tipo de actividades ilícitas, y que también son víctimas de toda la cadena de poder que está ligada al comercio ilegal de oro.

Principales hallazgos:

• Las autoridades ambientales en Colombia deben priorizar planes de respuesta específicos para salvaguardar las 6 especies que se encuentran en peligro crítico de extensión por causa de actividades mineras informales e ilegales, antes que sea demasiado tarde. Más de 10.000 hectáreas dedicadas a la explotación aluvial de oro están ubicadas en lugares con altos niveles de deforestación.

• Se debe buscar que la normativa vigente alrededor de la minería artesanal y de pequeña escala sea adecuada y que identifique los vacíos en materia de diferenciación entre minería artesanal y minería ilegal, y que fomente no solo la formalización de estas comunidades, sino los esfuerzos gubernamentales para combatir la minería que si es criminal.

Así como la identificación técnica de las verdades condiciones de las comunidades, dado que actualmente cumplir con los requisitos legales para operar suele ser un desafío insostenible para muchas familias que viven de esta actividad.

• Para combatir la ilegalidad, Colombia debe centrar sus esfuerzos en combatir la facturación fraudulenta, promoviendo legislaciones que favorezcan la identificación de los beneficiarios finales del oro y prácticas más transparentes a nivel comercial. Algo que podría disminuir significativamente la pérdida de ingresos fiscales. El informe encuentra que entre 2010 y 2018 las exportaciones reportadas por Colombia, frente a las importaciones reportadas por los países con los que se comercializa oro de forma legal, no coinciden, dejando un vacío de US$5.600 millones de dólares. Dinero que no entró a los ingresos de la nación y muy probablemente, se quedó en manos de actores ilegales.

• Al analizar la información y casos públicos sobre incautaciones de oro ilícito, se encontró que el destino al que más se exportó oro ilegal es Opa-Locka, Florida. Siendo Estados Unidos y Suiza los compradores más grandes de oro colombiano.

• Los canales más utilizados para comercializar oro de forma ilegal son: compañías fachada, correo humano y a través de los canales tradicionales de comercio internacional. Al respecto el presidente y CEO de GFI, Tom Cardamone asegura que “el comercio de oro ilegal no solo representa facturación fraudulenta y pérdidas para los ingresos de la nación.

El informe demuestra que hay grandes daños colaterales asociados a la actividad minera. La degradación de humedales, selvas y deforestación, así como la amenaza de fauna y flora, deriva en afectaciones constantes sobre los ecosistemas en las siguientes décadas.
Mario Valencia, director de proyectos de Cedetrabajo, considera que “la incapacidad del Estado en ejercer control sobre la actividad minera, diferenciando lo que es minería sin licencia y minería para satisfacer propósitos criminales, tiene un costo social y económico muy alto. Entre 2010 y 2018 los flujos financieros ilícitos de esta actividad superan los US$5.600 millones».

Por su parte, Natalia Gonzalez, gerente Colombia – Perú de Alianza por la Minería Responsable, asegura que en el informe “se analizan varias iniciativas prometedoras en miras de formalizar y proteger a los mineros de oro de susbsistencia y de pequeña escala, incluidas las certificaciones y los programas comunitarios. Por eso concluimos con algunas recomendaciones para fortalecer la integridad de la cadena de suministro y, al mismo tiempo, resguardar los derechos y los medios de subsistencia de las comunidades”.