Mineros de Antioquia piden hundir proyecto sobre extracción ilegal: estas son sus razones

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Consideran que la iniciativa afecta injustamente a los mineros tradicionales y de subsistencia porque esta asimila estos grupos con la minería ilegal “desconociendo su naturaleza y carácter ancestral de su actividad legítima”, dicen.

La Mesa Minero Agro-ambiental de la subregión del Nordeste antioqueño, y la Mesa Minera de Segovia-Remedios le solicitaron al Congreso que hunda el proyecto de ley 059 de 2020, presentado por el Ministerio de Justicia, de Defensa, de Minas y Energía y de Ambiente. Si bien la iniciativa propone aumentar las penas por el desarrollo de actividades mineras ilegales, como medida para erradicar este tipo de explotación ilícita de la tierra, consideran que esta “afecta injustamente a los mineros tradicionales y de subsistencia” por carecer de un título o contrato de concesión, pues los equipara con criminales, manifestaron.

“Desconoce su naturaleza y carácter ancestral de su actividad legítima, además de la propiedad que sobre esos territorios por ellos ocupados se les reconoce aún en numerosos instrumentos internacionales”, argumentaron. Por ello, estas mesas que congregan mineros que practican la extracción artesanalmente pidieron de manera pública la construcción de una política pública minera que formalice su actividad de subsistencia y que no les estigmatice. Esto, según expresaron, protegería a los más de tres millones de mineros de este tipo que existen en el país, personas que derivan de la minería su sustento y el de sus familias. Para ellos, reconocer su labor es entender que la mayoría de barequeros hacen parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes “que gozan de una especial protección constitucional, reconocida en numerosas sentencias de la Corte Constitucional y en el Convenio 169 de la OIT”, añadieron.

En esa línea, solicitaron a los políticos que hacen las leyes una caracterización de las comunidades mineras ancestrales y tradicionales en los territorios que respete “la vocación de los mismos, que diferencie la minería ancestral y tradicional de la verdadera minería criminal, la que condenamos desde todo punto de vista”, enfatizaron.

“Invitamos a que exista una cesión de títulos en posesión de empresas privadas y multinacionales”, exclamaron los firmantes de esta carta puesto que, aseguraron, esta última es una práctica a la cual “el gobierno ha dado prioridad, fomentando la monopolización de la extracción de recursos naturales y promoviendo la formalización a través de la cesión de áreas”, acciones que desconocen los derechos que le asisten a las comunidades indígenas y afrodescendientes en torno al suelo y al subsuelo de los territorios que ocupan.

Estas peticiones obedecen a la necesidad de los mineros antioqueños de que se les reconozca su oficio como una actividad económica legítima que se fomente y sea garantizada por el Estado. Esta petición, agregaron, se manifestaría en la posibilidad de que los barequeros puedan acceder a servicios financieros y de la banca, cosa que, señalaron, hoy no pasa por la estigmatización “que ha hecho el propio Estado colombiano, considerando la actividad del pequeño minero como criminal y asociada al narcotráfico”.

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