Hanrine presentó denuncia ante la Fiscalía contra Gobernador de Imbabura
Solicitan iniciar fase pre procesal de investigación previa.
- Anuncios -La empresa minera Hanrine presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el gobernador de Imbabura, Marcelo Simbaña, debido a la exigencia a esta compañía de entregar 1000 hectáreas de las que están legalmente concesionadas para dotar a grupos ilegales y violentos que fomentan la discordia en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí.
Carlos Miguel de Miguel, gerente general de Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining SA presentó las acusaciones ante este órgano del Estado, por las exigencias del gobernador Simbaña las cuales atentan contra la seguridad jurídica de esta concesión minera; así como solicitó al Fiscal de Imbabura, iniciar la fase pre procesal de investigación previa.
Esto debido a que el pasado 24 de junio en una reunión para tratar sobre “la problemática de la minería en la parroquia La Merced de Buenos Aires”, el gobernador manifestó que la empresa minera no ha cumplido con la Consulta Previa, ni la Consulta Ambiental a la parroquia de Buenos Aires, que la empresa no ha socializado bien el territorio sus actividades, que existen otras empresas que trabajan sin problema y que la oposición minera aumenta.
El representante de esta concesión minera indica que la propuesta del gobernador consistió en la entrega de aproximadamente 1000 hectáreas de las otorgadas legalmente Hanrine y que además se efectué la construcción de caminos a los habitantes de Buenos Aires.
En su denuncia, señala que la reunión convocada por Simbaña fue con la única finalidad de intimidar a los portavoces de la compañía Hanrine, para que ésta realice una cesión de los derechos que le corresponden en virtud de una concesión a cambio de actuar en el actual conflicto.
Los grupos mineros ilegales infringen contra el desarrollo de la minería legal y responsable en Imbabura, así como arremeten de forma violenta contra los trabajadores de esta concesión y contra todo aquel que intente ingresar al sector con una ideología diferente a su pensar.
La presunta exigencia por parte de la autoridad provincial fomentaría la minería ilegal que le ha causado pasivos ambientales a Imbabura.
Además de representar un atentado a la seguridad jurídica de las concesiones extranjeras, significa un retraso al progreso y desarrollo de la minería responsable y sostenible que plante el Gobierno Nacional.
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