La Cámara de Minería del Ecuador solicita a la Corte constitucional que impugne el pedido de la CONAIE para detener el proceso de consulta prelegislativa

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Mediante una rueda de prensa la Cámara de Minería del Ecuador se pronunció acerca del pedido que realizó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ante la corte constitucional el cual busca detener la consulta prelegislativa sobre la participación ciudadana en la consulta ambiental que deben realizar las empresas petroleras y mineras.

Andrés Ycaza, síndico de la (CME), mencionó que este es un derecho fundamental, el de ser consultados. Citando a La Constitución de Montecristi que menciona que este es un derecho que tienen las personas en decidir sobre las ejecuciones de proyectos que generan un efecto ambiental en su entorno. “Este es un derecho que ha estado en la Constitución del Ecuador desde 2008, pero que lamentablemente no se ha ejecutado por falta de regulación”.

También se refirió a las declaraciones públicas, del Ministerio de Ambiente, que admitía que tienen represado al menos 100 permisos ambientales. Por culpa de la falta de una norma de consulta ambiental.

Pese a esto, hace pocas semanas la CONAIE, a través de su presidente, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de la regulación de la consulta legislativa expedida por el presidente en noviembre en Decreto Ejecutivo 604, lo que ellos afirman que esto es inconstitucional y se solicita además a la Corte Constitucional que suspenda los procedimientos de consulta legislativa.

A lo que Ycaza señala que, una eventual admisión de parte de la Corte Constitucional de esto, implicaría nuevamente regresar en el tiempo y dejar de ejercer este derecho con todo lo que ello significa.

María Eulalia Silva, presidente Ejecutiva de la CME, Resaltó que en el año 2022 la industria minera generó más de 180.000 plazas de empleo directas e indirectas. Y, que Zamora Chinchipe ha logrado lo que ninguna otra provincia ha logrado en el país; reducir 13 puntos la pobreza en los dos últimos años.

Además, recalcó un hecho que también llama mucho la atención es que considera que esta falta de normativa ha sido un pretexto para que algunos jueces provinciales empiecen a revocar licencias ambientales.

Silva Enfatizó que solo en el sector minero hay tres proyectos que implican una inversión de USD 1.000.000.000 de dólares de entrada para la construcción, la cual está de alguna forma paralizada justamente por este tipo de acciones irresponsables. El proyecto El Domo Choripán en Bolívar, el proyecto La Plata en Cotopaxi y el proyecto Loma Larga en Azuay.

A.Ch.

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