Ecuador aprueba Manual de Subvenciones del Fondo del Biocorredor Amazónico y habilita ejecución de proyectos de conservación
El Gobierno Nacional de Ecuador, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), dio un paso clave en la protección de la Amazonía ecuatoriana con la aprobación del Manual de Subvenciones del Fondo del Biocorredor Amazónico. La decisión, tomada por la Junta Directiva del Fondo, pone en marcha la fase operativa del Programa Biocorredor Amazónico, permitiendo que se inicien formalmente proyectos de conservación ambiental en toda la región amazónica del país.
El Manual aprobado establece normas claras, transparentes y homogéneas para la apertura de convocatorias dirigidas tanto al sector público como al privado. Este instrumento reglamentario detalla procedimientos para la presentación de propuestas, evaluación técnica, seguimiento y rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar una ejecución ordenada y responsable de iniciativas ambientales.
Los proyectos que serán financiados tienen un enfoque amplio: desde la conservación de la biodiversidad terrestre y de agua dulce hasta el fortalecimiento de las comunidades amazónicas y la promoción de modelos de desarrollo sostenible que integren bienestar social con protección ambiental.
El Fondo del Biocorredor Amazónico fue creado en noviembre de 2024 como una entidad sin fines de lucro para administrar recursos provenientes de un mecanismo innovador de canje de deuda por naturaleza. Este esquema, desarrollado con la cooperación de The Nature Conservancy (TNC), la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitirá destinar aproximadamente USD 460 millones durante los próximos 17 años para la conservación de los ecosistemas amazónicos y el fortalecimiento de la sostenibilidad a largo plazo.
Con la aprobación del Manual de Subvenciones, el Programa Biocorredor Amazónico entra oficialmente en una fase operativa que articula esfuerzos entre el sector público, organizaciones comunitarias y actores privados, consolidando un modelo integral de gestión ambiental que busca no sólo proteger los bosques, ríos y especies, sino también impulsar soluciones sostenibles que beneficien a las poblaciones locales y su entorno natural.

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