Cierre minero en Napo: el Estado prohíbe una actividad que no tiene capacidad de controlar

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La disposición ministerial que mantiene suspendida la actividad minera en la provincia de Napo vuelve a poner en evidencia una debilidad estructural del Estado: la falta de capacidad operativa para controlar en territorio aquello que decide prohibir.

Si bien el combate a la minería ilegal es una obligación legítima y necesaria, la paralización generalizada de las concesiones mineras legales termina afectando a actores formales que cuentan con títulos habilitantes, licencias ambientales y planes de manejo aprobados. Esta medida no solo golpea el empleo local y la economía provincial, sino que reduce la recaudación fiscal y desarticula encadenamientos productivos que dependen de la minería regulada.

Desde una perspectiva operativa, el cierre no implica mayor control. El Estado no dispone del personal técnico, logístico ni presupuestario suficiente para ejercer vigilancia permanente en zonas extensas, dispersas y de difícil acceso como las de Napo. En la práctica, la prohibición desplaza la actividad hacia la informalidad y deja amplios territorios sin presencia institucional efectiva.

Prensa Minera Energética advierte que, al retirar a la minería legal del territorio, se elimina también un aliado clave para el control estatal. Las concesiones formales operan bajo fiscalización, reportan información, generan trazabilidad y permiten identificar irregularidades. Sin esa presencia, la minería ilegal encuentra menos resistencia y mayor margen de acción.

Equiparar minería legal con minería ilegal constituye una generalización equivocada que termina siendo funcional a quienes operan al margen de la ley. La experiencia demuestra que prohibir sin capacidad de control no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, lo profundiza.

Una política pública eficaz debe fortalecer la minería responsable, diferenciar con claridad entre legalidad e ilegalidad y destinar recursos reales al control territorial. De lo contrario, el cierre en Napo corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica, con alto costo económico y bajo impacto en la lucha contra la minería ilegal.

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