La Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe para primer debate de la Ley Urgente de Minería y Energía

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional aprobó la noche del jueves 12 de febrero de 2026 el informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica.

Con seis votos a favor y tres en contra, el documento fue respaldado por mayoría de legisladores y ahora será remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis general, una vez que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fije la fecha de discusión.

El proyecto, enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, busca modernizar y dar seguridad jurídica a los sectores minero y energético, promoviendo la generación de ingresos fiscales, atracción de inversión y sostenibilidad macroeconómica.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentran:
La entrega directa de regalías mineras a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con recursos destinados exclusivamente a inversión y no a gasto corriente.

La creación de distritos autónomos eléctricos para garantizar estabilidad energética a actividades productivas y mineras, así como la promoción de esquemas de autogeneración de energía.

La simplificación de trámites y armonización normativa para la exploración y operación minera, con plazos más claros y una lucha reforzada contra la minería ilegal.

Reformas en el sector eléctrico que amplían las causales para delegar proyectos al sector privado bajo regulación estatal.

La postura oficialista defendió el proyecto como un componente clave para atraer inversión responsable y fortalecer el marco legal de ambas actividades estratégicas.

Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas de organizaciones ambientales e indígenas, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que considera que la iniciativa debilita los controles ambientales y reduce la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, un derecho constitucional. Alegan además que la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones administrativas podría poner en riesgo ecosistemas como páramos, bosques y fuentes de agua.

La aprobación del informe marca un avance en el trámite legislativo de esta normativa, que ahora deberá ser debatida en el pleno antes de continuar su proceso hacia un eventual segundo debate y aprobación final.

Foto tomada de: CNN Español