Asamblea Nacional del Ecuador aprueba ley para sectores estratégicos, pero su aplicación marcará la diferencia

Quito, 26 de febrero de 2026.– Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, tramitada con carácter urgente en materia económica. La normativa busca reforzar el control estatal, ordenar la actividad extractiva y generar condiciones más previsibles para la inversión, en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal y los desafíos en el sistema eléctrico.

Desde el punto de vista económico, el potencial es significativo. Una mayor formalización minera podría traducirse en incremento de regalías, tributos y empleo, especialmente si el 60% de los recursos —como se ha planteado— llega efectivamente a los territorios donde operan los proyectos. Además, combatir la minería ilegal no solo implicaría recuperar ingresos fiscales, sino también restablecer la autoridad del Estado en zonas donde históricamente ha sido débil y reducir impactos ambientales asociados a operaciones fuera de control.

No obstante, el impacto real de la ley dependerá menos de su texto y más de su ejecución. Sin controles técnicos sólidos, sistemas de fiscalización ambiental independientes y transparencia en la administración de recursos, el riesgo es que las buenas intenciones queden en el papel. La experiencia nacional demuestra que las reformas legales, por sí solas, no garantizan desarrollo ni inversión sostenida; lo determinante es la estabilidad jurídica, la coherencia institucional y la capacidad de hacer cumplir la norma sin discrecionalidad.

En el ámbito energético, el fortalecimiento de la infraestructura y la diversificación de la matriz eléctrica resultan claves para evitar crisis que afectan a la industria, el comercio y el empleo. Un suministro estable reduce costos y mejora la competitividad, pero exigirá financiamiento, planificación técnica rigurosa y ejecución eficiente, evitando improvisaciones que encarecen los proyectos y erosionan la confianza.

Desde el sector productivo, voces vinculadas a la actividad minera advierten que la ley, aunque ya aprobada, podría enfrentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, por lo que consideran prematuro asumir que su aplicación será inmediata o definitiva.

Señalan la necesidad de observar un tiempo prudencial para evaluar su alcance real antes de formular juicios categóricos, sean positivos o negativos.
En síntesis, la norma abre una oportunidad para consolidar una minería legal, regulada y generadora de recursos, siempre que se combine con estándares ambientales estrictos, control efectivo sobre la ilegalidad y beneficios tangibles para las comunidades. El desafío será demostrar que es posible equilibrar crecimiento económico y protección ambiental sin caer en posiciones extremas ni en la inestabilidad normativa que, históricamente, ha debilitado al sector. El proyecto será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción conforme a la Constitución, mientras el debate jurídico y político apenas comienza.

Presa Minera considera que la norma recientemente aprobada por la Asamblea podría enfrentar diversas acciones de inconstitucionalidad en los próximos meses, por lo que resulta prematuro asumir que su aplicación será inmediata y plena. Desde este espacio se señala la necesidad de observar un tiempo prudencial que permita evaluar su desarrollo jurídico, su reglamentación y su implementación práctica antes de emitir valoraciones definitivas, ya sean favorables o críticas, sobre sus alcances e impactos reales.