- Anuncios -La Asamblea Nacional aprobó reformas legales que fortalecen la lucha contra las estructuras criminales. La normativa también sanciona a quienes faciliten vehículos, terrenos o inmuebles para desarrollar actividades ilícitas, con penas de hasta 16 años de cárcel.
Ecuador endurece su respuesta contra la minería ilegal con la aprobación de la denominada Ley Antimafias, que incorpora nuevas sanciones para quienes participen directamente o faciliten la logística de las organizaciones criminales.
Entre las principales reformas se establece una pena de 10 a 16 años de prisión para quienes proporcionen terrenos, inmuebles o vehículos destinados a almacenar maquinaria o facilitar actividades de minería ilegal.
La normativa también amplía la responsabilidad penal hacia quienes cumplen funciones de apoyo dentro de estas estructuras, como conductores, custodios y personas encargadas de alertar sobre la presencia de las autoridades, considerados parte de la organización criminal.
Otro de los puntos centrales es el endurecimiento de las penas por tráfico y robo de combustibles, una actividad que abastece a los campamentos de minería ilegal. Las reformas contemplan sanciones que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión, según la gravedad y los delitos involucrados.
Asimismo, la extinción de dominio permitirá acelerar la incautación de bienes y maquinaria vinculados con actividades ilícitas, facilitando que estos recursos pasen a disposición del Estado, conforme a los procedimientos legales.
La nueva normativa también alcanza otros delitos ambientales y económicos, entre ellos el tráfico ilegal de madera.
La aprobación de estas reformas representa un endurecimiento del marco legal frente a las economías criminales que operan en el país. La estrategia contempla una mayor articulación entre Fiscalía, Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia y Policía Judicial para agilizar las investigaciones y los procesos penales.
El combate a la minería ilegal ya no se limita a intervenir campamentos y destruir maquinaria. Con estas reformas, el Estado busca perseguir también a quienes financian, abastecen, protegen y facilitan la infraestructura logística de estas operaciones.
El objetivo es desarticular las redes que sostienen estas actividades y fortalecer la capacidad del Estado para recuperar el control de los territorios afectados por la criminalidad.
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