“Actores” del diálogo indígena revierten avances de la minería responsable

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Lo que la pandemia del COVID-19, la crisis financiera, los costos de producción y los embates de extremistas ambientales no lo han logrado; ciertos dirigentes indígenas con la aprobación de funcionarios públicos transitorios con agenda propia más políticos que técnicos, están a punto de conseguir poner plazo de extinción a la actividad productiva formal de la minería responsable.

No solo los pronunciamientos o dictámenes de la Corte Constitucional que irónicamente van en contra de la propia Constitución cuya vigencia deberían precautelar; también están las resoluciones de acciones judiciales constitucionales de cualquier juez de instancia, dictadas cediendo a la presión mediática politiquera ambientalista.

Ni que decir de la normativa extra limitada de los municipios que vía ordenanzas, de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)  y/o Planes de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) emitidas con miras políticas y sin un sustento técnico y legal; asombrosamente a este listado de actuaciones que atentan contra la actividades mineras formales, debemos sumar acciones ministeriales de un Gobierno que en su discurso político enuncia que la minería será un pilar de la economía nacional, generadora de divisas para el sostenimiento de la dolarización y creadora de miles de puestos de trabajo para paliar los graves índices de desempleo y subocupación, causas fundamentales de la grave situación social que atravesamos.

Cómo explicar las “coincidencias” de las mesas de “diálogo”; diálogo entre un grupo respetable de ecuatorianos, pero que no representan más allá del 08 % de la población ecuatoriana, con ciertos funcionarios públicos y donde quedamos el 90 % restante de la población; los actores del sector productivo generador de divisas y empleos, conocedores de la actividad.

De no realizar una manifestación fuerte y contundente de quienes ejecutan minería responsable, de no obtener una toma de conciencia del Gobierno Nacional de las nefastas consecuencias de la moratoria petrolera y minera; el tiempo de vida de la actividad productiva minera formal será muy corto y tocará escoger entre otras indeseables alternativas como la convergencia total a la minería informal, como lamentablemente ya lo han hecho muchos de los compañeros del sector, algunos de ellos en alianzas con coyoteros y otros migran hacia la política.

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