Alarma en Napo: Carta al Presidente Revela Red de Minería Ilegal y Complicidad de Autoridades

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Un ciudadano preocupado ha enviado una carta al presidente Daniel Noboa, exponiendo un preocupante escenario de minería ilegal en la comunidad Chucapi, en el cantón Julio Arosemena Tola, provincia de Napo. La denuncia detalla la operación de al menos una docena de retroexcavadoras, algunas vinculadas a eventos previos de minería ilegal en Yutzupino. Las coordenadas geográficas y nombres de presuntas personas involucradas se adjuntan en la denuncia, que señala un daño ambiental que abarca 80 hectáreas, además de concesiones mineras otorgadas irregularmente en 2017.

Las Fuerzas Armadas ya intervinieron en Talag (Napo) y Punino (Orellana), destruyendo 15 retroexcavadoras. Sin embargo, persiste el temor de que estos focos de minería ilegal se conviertan en un nuevo «Yutzupino». A pesar de los esfuerzos, el nuevo gobierno no ha abordado aún la problemática de la minería ilegal, y las denuncias parecen quedar sin respuesta.

Demandas de Acción y Consecuencias Sociales

La asambleísta por Napo, Sandra Rueda, espera que esta denuncia sirva para alertar al nuevo Gobierno sobre los problemas de la minería ilegal. Además del daño ambiental, Rueda destaca las afectaciones a la salud de los pobladores que utilizan los ríos para abastecerse de agua y pescar. Denuncia la existencia de una mafia organizada entre mineros ilegales, autoridades locales y empresas con concesiones legales, fomentando la evasión fiscal.

Rueda también resalta el aumento de la violencia vinculada a la minería ilegal en Tena, incluyendo casos de sicariato, y problemas sociales como la aparición de prostíbulos con menores de edad. La impunidad y la falta de acciones contra las denuncias complican aún más la situación, según José Monero del colectivo Napo Ama La Vida. Una audiencia programada en Napo busca exigir que los ministerios de Ambiente y Energía, junto con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, respeten una sentencia para elaborar y ejecutar un plan de restauración y recuperación en las zonas afectadas por la minería ilegal. Además, se discutirá la reversión de concesiones mineras, incluyendo las de la empresa Terraearth. Estos eventos podrían sentar un precedente para la restauración y sanción de responsables de delitos relacionados con la minería ilegal.

C.A.

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