En operaciones conjuntas con las Fuerza Militares y la Policía, la Fiscalía logró la captura, tras dos días de labores, de 40 personas, en 6 operaciones realizadas en Boyacá, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia y Cesar.

Además, en una visita del Fiscal General a la región del Catatumbo (Norte de Santander) se definieron acciones para fortalecer el trabajo articulado. En ese sentido habrá fiscales itinerantes y labores investigativas focalizadas en lavado de activos, narcotráfico y delitos ambientales.

En Boyacá fue desarticulada una red señalada de obtener de manera irregular licencias y salvoconductos para la explotación, transporte y comercialización de madera, que era extraída del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas.

A esta organización le fueron capturadas 6 personas que habrían promovido la tala de por lo menos 353 hectáreas de bosque nativo. El modus operandi era extraer la madera de la zona de reserva forestal y trasladarla hasta fincas de algunos conocidos de la organización delincuencial. Luego, con licencias otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el producto era movilizado y soportado como si fuera legalmente obtenido. Para obtener estos permisos, los supuestos integrantes de la estructura habrían ofrecido dádivas a funcionarios.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, daños a los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Adicionalmente, en los procedimientos realizados por el CTI  y el Ejército se inmovilizaron 10 camiones que transportaban cerca de 1.400 bloques de madera.

Por otra parte, en San José del Guaviare, Guaviare, la Fiscalía capturó a 6 personas que realizaban ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural.

En tres predios distintos, conocidos como Varsovia, La Carolina y La Esperanza, habrían sido arrasadas cerca de 800 hectáreas de selva para levantar asentamientos y corrales para la cría de ganado, actividad prohibida en esta área de conservación ambiental. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos imputó a los detenidos el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Carlos René Reyes, el supuesto administrador de estos frentes pecuarios, fue cobijado con media de aseguramiento privativa de la liberad en su lugar de residencia. El juez de control de garantías dispuso la destrucción de las edificaciones, corrales y cualquier elemento que pueda alterar las condiciones de vida de la comunidad Nukak Makú.

En San Vicente del Caguán (Caquetá) fue capturado Gildardo Toledo Villa, quien sería uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Esta persona, en un predio conocido como El Despecho, supuestamente, deforestó 39 hectáreas de bosque primario para acondicionar pastizales y criar ganado.

En ese sentido, fue imputado por ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendio. El procesado recibió medida de detención en un sitio distinto al inmueble que ocupaba en el parque natural. Adicionalmente, fue suspendido el registro sanitario, lo que le impedirá la explotación pecuaria.

Adicionalmente 17 personas fueron capturadas en flagrancia, entre ellas cuatro ciudadanos de Brasil, por extracción ilegal de oro mediante el uso de gigantescas dragas y sustancias tóxicas, sobre el río Nechí, en Caucasia (Antioquia).

Durante las diligencias fueron destruidos dos ‘dragones’, retroexcavadoras y otros elementos que superarían en valor los 6 mil millones de pesos. Este resultado representa un duro golpe a las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’, que recibirían recursos de este entable de minería ilegal. Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías.

Por último, en Unión Panamericana (Chocó), la Fiscalía,  las fuerzas militares y la Policía llegaron a un entable de minería ilegal justo en el momento en el que se vertía mercurio sobre una vertiente del río Quito, fuente hídrica de especial protección constitucional en Chocó.

En las diligencias se destruyó maquinaria avaluada en 600 millones de pesos y fueron capturadas dos personas, a quienes les imputaron  explotación ilícita de yacimientos mineros y delitos conexos.

Y en Valledupar (Cesar), la Fiscalía intervino un enorme yacimiento de material de arrastre y de construcción que, sin licencia ambiental ni autorización alguna, explotaba indiscriminadamente cerca de 40 hectáreas. Este frente de minería ilegal estaría afectando al río Cesar, fuente hídrica que hace parte del ecosistema de la Serranía del Perijá.

Investigadores del CTI capturaron a 8 personas, que deberán responder por daños en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales En el lugar de la intervención se incautaron 3 retroexcavadoras, 6 volquetas y otros elementos, cuyo valor alcanza los 2.000 millones de pesos.