La tarde del jueves 13 de abril a través del Consejo de la Judicatura (CJ) se informó que se han registrado recortes presupuestarios de forma sistemática, incluso el pasado 3 de abril, Wilman Terán, presidente de la judicatura, presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso y el Ministro de Finanzas.

La audiencia de acción de protección inició el 10 de abril, en el Complejo Judicial Norte de Quito, durante este proceso el Ministerio de Finanzas indicó que en 10 años asignó más de USD 4 000 millones al CJ; sin embargo, no se habría ejecutado todo el monto, devolviendo USD 500 millones es decir el 15% del sobrante a las arcadas fiscales entre el 2013 y 2022.

Recordemos que “El artículo 286 de la Constitución de la República determina que el Estado debe priorizar la asignación de presupuesto para los sectores de salud, educación y justicia. Sin embargo, en el caso del sector justicia, esto no se cumple, lo cual vulnera los derechos de los usuarios y servidores del sistema judicial”.

Entre las declaraciones que ha emitido la Judicatura mencionaron que la información del Ministerio de Finanzas no es acertada y no tiene un sustento técnico, siendo lo entregado a la Función Judicial un total de USD. 4298,7 millones.

Mediante un informe estadístico que se presentó en la audiencia, señala que la asignación presupuestaria de los últimos años fue reduciéndose, dejando entrever que en el 2013, el presupuesto asignado fue de USD 552 millones y en el 2022 bajó a USD 360 millones.

La jueza de Pichincha, Cecilia Pareja, quien está a cargo del caso, escuchó las declaraciones de la Judicatura y del Gobierno, luego de 12 horas la magistrada suspendió la diligencia para analizar la decisión. Tentativamente, la audiencia de acción de protección se realizará el 19 de abril.

C. A.