Baldor Bermeo, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, considera que será reelecto en las elecciones del 2023 para continuar ejerciendo su autoridad al tomar decisiones dentro de la concesión Muyuyacu, pese a que el 33 % del área pertenece a la Empresa Nacional Minera (Enami) EP, es decir, al Estado ecuatoriano.

Esta postura de Bermeo surge tras ser nombrado gerente de la empresa CORPMINSUR SA, en la que también participa Carlos Florez y Carlos Huerta quienes, a su vez, son los representantes de Oromining SA, empresa que posee el 67 % de titularidad de esta concesión, tras una modulación de una sentencia.

El conflicto formado alrededor de este proyecto radica desde más de una década atrás, donde hechos sin precedentes y que responden intereses de esta empresa privada han desfavorecido a la Enami EP.

Actualmente, existe gran preocupación entre los mineros ponceños, pues en la última reunión efectuada, en la sede de San Alfonso, perteneciente a CORPMINSUR, donde se socializaron los contratos de operación, quedó en evidencia el autoritarismo del alcalde, quien de manera arbitraria y respondiendo sus intereses personales decidiría sobre el futuro de esta concesión.

Esto debido a que Bermeo tendría la potestad de resolver cuales serán los operadores mineros que podrán participar en el proyecto.

Además de la injerencia del Burgomaestre, preocupa las condiciones en los contratos, pues temen que los plazos para recuperar las altas inversiones a realizar son poco realistas.

A esto se le suma el interés de Oromining de vincularse en el proyecto Papa Grande al imponer una acción de protección en contra de la Agencia de Regulación y Control de Energía, para dejar sin efecto los contratos de operación existentes en dicha concesión, titulo minero que pertenece a la empresa Quebrada Fría SA y su operador es Brechaoro SA.