Lamentablemente la grave crisis sanitaria y económica que afecta nuestro país, además de la campaña electoral en curso previa a las elecciones del 11 de abril, no nos permite a los peruanos prestar atención sobre otros problemas que generan graves daños a nuestra Amazonía como el de la minería ilegal de oro que se incrementa de manera incontrolable y que está contaminando con cianuro y mercurio los recursos hídricos y suelos y depreda sus bosques y biodiversidad, pareciera que nos estamos acostumbrando, sin llamarnos la atención, a las continuas noticias sobre operaciones de interdicción en los ríos amazónicos.
Hace 9 años se registró gran aumento de mineros ilegales en nuestra Amazonía, obligando a promulgar el DL 1100 febrero 2012 declarando las acciones de interdicción de necesidad pública y ejecución prioritaria, así, desde 2013 se efectuaron cientos de éstas, y en enero 2019, a través de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se realizó el operativo “Mercurio” en La Pampa desalojándose 6,000 mineros ilegales, pero muchos de ellos se han trasladado a otras zonas cercanas a continuar con esta ilícita actividad.
Solo entre enero y marzo 2021 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) en acción conjunta con la Marina de Guerra y Policía Nacional han ejecutado operativos en la Cuenca del río Nanay (11 de enero), en el sector Apaylon, en la cuenca del río Malinowski (14 de enero) y en el río Madre de Dios (11 y 12 de marzo) donde destruyeron motores, bombas de succión, caballetes, tolvas, balsas traca y hasta campamentos y grifos, pero posteriormente los mineros ilegales persisten en su ilegal actividad con nuevos equipos.
Bajo este panorama, el actual ni los últimos gobiernos han mostrado voluntad política para luchar contra la minería ilegal en la Amazonía a pesar que existen estimaciones que esta ilegal actividad mueve US$ 2,900 millones al año y en los 30 últimos años ha depredado alrededor de 96,000 hectáreas de selva tropical.
La estrategia no puede ser solo represiva, es urgente reactivar la formalización minera, increíblemente estancada hace 19 años desde que se promulgó la ley de formalización y promoción minera artesanal (Ley 27651, enero 2002), y un Plan Nacional aprobado hace 9 años (DS-013-2011-EM, mayo 2011) sin resultados positivos que mostrar, además, debe incrementarse la investigación y control del oro ilegal que es exportado vía Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, así como a las cadenas de compras y blanqueo en los mercados internacionales.