La minería ilegal en la zona se ha expandido y con ello, ha aumentado el flujo de personas que ha traído como consecuencia la acentuación de la crisis sanitaria con un repunte de enfermedades como el paludismo
La explotación de la minería en Venezuela se ha implementado como alivio a la presión de las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen que amenaza con extenderse más allá de las fronteras de Venezuela.
No hay datos oficiales sobre la deforestación en Venezuela, sin embargo la labor por parte de organizaciones científicas locales e internacionales muestra que la pérdida de bosques aumentó en los últimos años, especialmente después de la creación del Arco Minero del Orinoco, que hizo explotar la minería en los estados amazónicos.
Consciente del fuerte revés que le supondrá la caída de su actividad petrolera, el régimen de Maduro está recurriendo a otro sector que muchos analistas consideran que puede ser una de las últimas alternativas para conseguir liquidez e intentar salvar la economía del país: la venta de oro.
Desde el 7 de septiembre de 2016, se inició el canibalismo que ha consumido el Amazonas que comparten Venezuela y Brasil cuando el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, informó que empezaría la etapa de exploración del Arco Minero del Orinoco, desde ese entonces habían dejado claro que «toda transnacional en el Arco Minero debe cumplir las leyes del Estado».
Con la caída drástica de los precios y la producción de petróleo venezolano desde 2014, el régimen ha dirigido su atención a los estados ricos en minerales, donde está la sexta reserva natural de oro más grande del mundo, con alrededor de 7.000 toneladas.
La minería está produciendo toneladas de sedimentos que se acumulan en los principales ríos del país, según los científicos. Y el mercurio, usado para separar el oro de las impurezas, está contaminando ríos y pueblos indígenas. Venezuela encabeza el número de minas ilegales en la Amazonía, según una encuesta de Raisg. Hay 1.899 puntos mineros clandestinos, concentrados en el Arco Minero del Orinoco.
Son muchos los sectores que han criticado el proyecto, desde sectores indígenas que han visto sus derechos afectados, como organizaciones ambientalistas y de derechos humanos quien han alzado su voz, intentando prevenir la afectación de esta zona.
Así como lo hicieron en el reportaje «Venezuela, o paraíso dos contrabandistas», se trata de un material con una dimensión geográfica y continental, fronteriza, sobre la minería del oro en la Amazonía y su itinerario clandestino desde Brasil, las Guyanas, Venezuela y finalmente Colombia.
Las organizaciones Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes y Laboratorio de Paz, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a derechos humanos en el marco de este proyecto, como la omisión de la realización del estudio de impacto ambiental así como del derecho a la consulta previa, libre e informada.
Impactos que terminan siendo negativos en el proceso de demarcación de los territorios indígenas, así como también las vulneraciones del decreto para los derechos a la libertad de reunión y asociación pacífica, así como en los derechos laborales y la militarización de la zona sin realizar consultas efectivas con las comunidades indígenas.
Sin embargo, el régimen de Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra el Arco Minero. Por el contrario, las diferentes iniciativas que por ejemplo, han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios.
En un país atacado por sus propias pandemias de crisis social, económica y política, es poca la atención que se ha prestado a esta situación y el proceso de movilización contra el proyecto.
En los últimos años, la minería ilegal en la zona se ha expandido y con ello, ha aumentado el flujo de personas que llegan en busca de oportunidades económicas inmediatas. Esto ha traído como consecuencia la acentuación de la crisis sanitaria con un repunte de enfermedades como el paludismo.
La crisis social, política y económica que afecta Venezuela es muy grave y las severas violaciones de derechos humanos que persisten en el país, merecen la atención de las organizaciones nacionales, así como de la comunidad internacional.
¿Qué es el arco minero de Venezuela?
El Arco Minero del Orinoco (AMO) está ubicado al sur del río Orinoco, en la parte norte del estado Bolívar. Posee una superficie total de 111 843,70 km². De esa superficie solo en un 5 % se llevará a cabo la exploración.
En 2016, Nicolás Maduro creó el Arco Minero, que permite la concesión de licencias para explotar metales como el oro, el diamante y el coltán (mezcla de columbita y tantalita utilizada en la industria de los celulares) en un territorio de 112.000 km2, alrededor del 12% de la superficie total de Venezuela.
¿Qué minerales se encuentran en el arco minero?
El Arco Minero del Orinoco tiene una superficie de 111 mil kilómetros cuadrados duplicando así la Faja Petrolífera del Orinoco y cuenta con 7 mil toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.
¿Cuáles son los sectores mineros de Venezuela?
La región de Guayana —que incluye a los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, en Venezuela— concentra parques nacionales y territorios indígenas ancestrales, pero también es el centro de actividades ilegales como la extracción de diamantes, coltán, oro y madera.
El área también abarca monumentos naturales, reservas forestales, un parque nacional amazónico y al menos cuatro territorios indígenas reconocidos.