La Asamblea Nacional dio luz verde, el pasado 4 de agosto, a la reforma al Código Orgánico del Ambiente que incorpora en Ecuador la posibilidad de desarrollar mercados de carbono, tanto regulados como voluntarios.

La decisión coloca nuevamente sobre la mesa una discusión que va más allá del financiamiento ambiental: ¿los mercados de carbono realmente contribuyen a reducir las emisiones o pueden terminar convirtiéndose en un mecanismo para trasladar responsabilidades ambientales de unos territorios a otros?

Los mercados de carbono funcionan mediante créditos que representan una determinada cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero reducidas, evitadas o capturadas. De esta manera, empresas, organizaciones o países que generan emisiones pueden adquirir créditos asociados a proyectos ambientales, como conservación de bosques, restauración de ecosistemas o iniciativas de reducción de emisiones.

En términos simples, el mecanismo busca que quien contamina pueda financiar acciones destinadas a compensar parte de ese impacto.

Una oportunidad de financiamiento, pero con riesgos

El Observatorio de Finanzas Sostenibles y Cambio Climático advierte que, aunque los mercados de carbono pueden convertirse en una fuente de recursos para proyectos ambientales y comunidades, también existen riesgos que deben ser considerados antes de consolidar este sistema.

Uno de ellos está relacionado con la diferencia entre el valor real de los territorios y el precio que pueden alcanzar los créditos de carbono. La preocupación radica en que los recursos generados por estos mercados no necesariamente reflejen el verdadero valor económico, ambiental, social y cultural de los territorios involucrados.

A esto se suma la falta de mecanismos suficientemente claros para garantizar una distribución equitativa de los beneficios. Sin reglas adecuadas, advierte el Observatorio, una parte importante de los recursos podría terminar concentrada en intermediarios, mientras las comunidades que habitan y protegen los territorios reciben una participación limitada.

Otro punto sensible son las posibles restricciones sobre prácticas tradicionales. Los proyectos destinados a generar créditos de carbono pueden establecer condiciones de uso y conservación de los territorios que, si no son construidas de manera participativa, podrían entrar en tensión con las actividades y formas de vida de las comunidades.

El desafío es que el carbono no se convierta en un negocio sin reducción real

El debate no se limita al dinero. La principal interrogante ambiental es si los mercados de carbono consiguen reducir efectivamente las emisiones globales o simplemente permiten compensarlas mediante proyectos desarrollados en otros lugares.

El Observatorio sostiene que, si los vacíos regulatorios no son corregidos, Ecuador podría enfrentar conflictos territoriales, recibir compensaciones por emisiones generadas fuera del país y favorecer una concentración de beneficios en intermediarios, sin que esto represente necesariamente un aporte significativo para la economía nacional ni una reducción efectiva de la contaminación mundial.

Por eso, la aprobación de la reforma no constituye el punto final de la discusión. El verdadero desafío estará en cómo se diseñan las reglas, quién controla el mercado, cómo se valoran los créditos, quién recibe los recursos y qué garantías tendrán las comunidades sobre sus territorios.

Ecuador cuenta con importantes ecosistemas capaces de generar proyectos de conservación y captura de carbono. Pero convertir esa riqueza ambiental en créditos negociables exige evitar que la protección de la naturaleza termine reducida únicamente a una transacción financiera.

La apertura de los mercados de carbono puede representar una oportunidad para canalizar recursos hacia la conservación. También puede convertirse en un nuevo foco de conflictos si el beneficio económico prevalece sobre la protección territorial, la participación comunitaria y la reducción real de emisiones.