La Asamblea Nacional aprobó una normativa que permitiría el desarrollo de actividades de minería submarina y que, además, concentraría el control marítimo-costero bajo competencias del Ejecutivo, según cuestionamientos realizados por sectores políticos y organizaciones ambientales.

La decisión fue respaldada por la bancada oficialista y sus aliados durante la sesión legislativa, en medio de un intenso debate sobre los posibles impactos ambientales y el alcance del nuevo marco legal. La propuesta contempla reformas relacionadas con la administración de espacios marítimos y recursos ubicados en zonas oceánicas del país.

Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de habilitar actividades extractivas en el lecho marino, una práctica que ha generado controversia a nivel internacional por sus potenciales efectos sobre ecosistemas marinos, biodiversidad y pesca artesanal.

Desde sectores críticos se advirtió que la normativa podría otorgar amplias facultades al Ejecutivo para la toma de decisiones sobre áreas marino-costeras, reduciendo controles y participación de otras instituciones. Ambientalistas también alertaron sobre la falta de estudios técnicos y científicos suficientes antes de avanzar hacia proyectos de minería submarina.

Por su parte, legisladores afines al Gobierno sostuvieron que la ley busca modernizar la gestión marítima del país, fortalecer la soberanía sobre recursos oceánicos y atraer inversiones estratégicas vinculadas al aprovechamiento de minerales.

El debate ocurre en un contexto regional donde varios países analizan el potencial económico de minerales presentes en fondos marinos, especialmente aquellos utilizados en tecnologías y transición energética. Sin embargo, organismos internacionales y expertos mantienen posiciones divididas sobre los riesgos ambientales de este tipo de explotación.