Tras investigaciones periodísticas se dio a conocer la existencia de documentos que desde 2018 demuestran las irregularidades en los acuerdos entre la estatal minera chilena Codelco y la Empresa Nacional Minera de Ecuador, Enami, por Llurimagua, el proyecto de cobre ubicado en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador.

Codelco en un comunicado sobre el inicio del arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), “pidió formalmente iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus inversiones en el proyecto Llurimagua, ubicado a 80 kilómetros de Quito”.

Según la minera internacional, Enami no había cumplido el acuerdo alcanzado en 2019 para desarrollar conjuntamente Llurimagua, que estaba en etapa de exploración avanzada.

Desde entonces la disputa se mantiene y fue el pasado 24 de diciembre de 2021, cuando la chilena anunció el pedido de arbitraje, al amparo del convenio entre Ecuador y Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Las irregularidades del acuerdo entre Codelco y Ecuador salieron a la luz en abril de 2020, al publicarse que el Pacto de Accionistas se incluía una cláusula denominada ‘Deadlock’.

Según el portal digital Primicias, “El ‘Deadlock’ (muerte con candado) estipula la figura de dilución o venta forzosa de las acciones de Enami, si esta no contaba con capital para invertir en la mina, una vez que se constituya la nueva empresa anónima con Codelco”.

En 2020, Enami envió un informe a la Presidencia, alertando que Codelco pudiera activar la cláusula arbitral para cobrar la inversión realizada en las fases de exploración de Llurimagua. Aunque concluye que el pacto no se podría aplicar, pues incumple la Constitución, la Ley de Empresas Públicas y la Ley de Minería y un pronunciamiento de la Procuraduría sobre el tema.

El monto aproximado de la inversión de Codelco es de USD 40 millones, sobre los cuales no han presentado a la Enami la información de respaldo en las condiciones solicitadas conforme a la normativa vigente

Sin embargo, en la versión inicial del Pacto con fecha del 26 de diciembre de 2016 no incluye ninguna observación ni alerta sobre los perjuicios que podría causar al país, como el ‘Deadlock’.