La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia volvió a poner en vigencia el reglamento que permite tramitar derechos mineros dentro de áreas protegidas, una decisión que reabre el debate sobre el futuro de territorios considerados estratégicos para la conservación ambiental.
La medida fue adoptada mediante una resolución administrativa emitida el 29 de mayo de 2026 y firmada por el director ejecutivo de la AJAM, Jaime Sanabria. La disposición dejó sin efecto la resolución de julio de 2023 que había suspendido la aplicación del reglamento aprobado originalmente en 2017.
Con la reactivación de la normativa, la autoridad minera vuelve a tener habilitado el procedimiento para recibir y tramitar solicitudes de Contratos Administrativos Mineros, además de licencias de prospección y exploración y de prospección aérea en cuadrículas que se encuentren total o parcialmente dentro de áreas protegidas.
Coordinación con el Sernap
La nueva disposición incorpora modificaciones al reglamento de 2017, principalmente relacionadas con la coordinación entre la AJAM y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
Entre los cambios está la posibilidad de que la AJAM emita un Certificado de Área Minera Libre para cuadrículas ubicadas dentro de áreas protegidas. El documento deberá identificar si el área solicitada se encuentra total o parcialmente dentro de un territorio protegido, utilizando información proporcionada por el Sernap.
Sin embargo, la reactivación del procedimiento no significa una autorización automática para explotar minerales. Los solicitantes mantienen la obligación de obtener el Certificado de Compatibilidad de Uso correspondiente ante el Sernap y cumplir las condiciones ambientales y técnicas que determine la autoridad competente.
Una decisión que genera preocupación ambiental
La decisión adquiere especial relevancia por la situación que atraviesan varias áreas protegidas bolivianas, particularmente en la Amazonía. El Parque Nacional Madidi, por ejemplo, ha sido escenario de operativos contra la minería ilegal y de denuncias sobre actividades auríferas en sectores como el río Tuichi.
Organizaciones ambientales y especialistas han cuestionado la reposición del reglamento y advierten que podría facilitar una expansión de la actividad minera hacia territorios de alta sensibilidad ecológica. El debate también se relaciona con el acuerdo alcanzado en mayo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y organizaciones de cooperativas mineras, cuyo octavo punto contemplaba precisamente la restitución del reglamento para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas.
La AJAM, por su parte, fundamenta la reposición en el artículo 220 de la Ley de Minería y Metalurgia N.º 535, que contempla la posibilidad de desarrollar actividad minera en áreas protegidas siempre que no se comprometan los objetivos de conservación establecidos para esos territorios.
La decisión coloca nuevamente en el centro de la discusión el equilibrio entre aprovechamiento de recursos minerales, generación de actividad económica y protección de ecosistemas estratégicos, en un país donde la minería aurífera, especialmente en la Amazonía, enfrenta además el desafío de combatir operaciones ilegales que ya han provocado impactos sobre bosques y ríos.
Foto tomada de: Contacto Economico