El general Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, autorizó siete proyectos de exploración de oro en São Gabriel da Cachoeira, la zona más preservada de la Amazonía y hogar de 23 grupos indígenas.
El general Augusto Heleno, ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), responsable dentro del Gobierno de Bolsonaro de aprobar los proyectos mineros en zonas estratégicas, autorizó siete proyectos de exploración de oro en un área preservada.
La región de São Gabriel da Cachoeira es una de las áreas más preservadas de la Amazonía: los datos públicos indican que nunca ha habido una autorización para la explotación de oro en la región, que además alberga a 23 grupos étnicos indígenas.
La administración de Bolsonaro, que fomenta la minería ilegal, ha avanzado de manera exponencial en la entrega de tierras para la explotación. De momento, solo los siete proyectos en la región de São Gabriel da Cachoeira abarcan 12.700 hectáreas.
Las autorizaciones otorgadas por General Heleno tienen como beneficiarias a dos empresas: SF Paim, que podrá buscar oro en 1.110 hectáreas; y Amazonrios Navegação, empresa de transporte por ferry en diferentes estados de la Amazonía, podrá buscar oro, niobio y tantalio en un área de 9.676 hectáreas. La autorización de investigación permite “realizar actividades de análisis y estudio en el área en la que se pretende trabajar”.
Aumento exponencial de la minería en la Amazonía
Según datos recopilados por la organización MapBiomas, el área minera en 1985 era de 31.000 hectáreas, creciendo a 206.000 hectáreas en 2020, un aumento de casi seis veces. Los estados con mayores áreas minadas son Pará, Minas Gerais y Mato Grosso.
La minería industrial creció de manera sostenida durante este período, pero la expansión del área minera dio un salto desde 2010, cuadruplicando la tasa de crecimiento. Hoy, el 93% del área minera se encuentra en la Amazonía.
El crecimiento de las actividades se da a expensas de una intensa deforestación: la deforestación solo por minería en la Amazonía entre enero y agosto de 2021 ya supera el área deforestada a lo largo del año 2020. Además, son actividades instaladas en áreas protegidas, amenazando unidades de conservación y sin tener en cuenta la demarcación de tierras indígenas: solo entre 2010 y 2020, el área minada en tierras indígenas creció un 495%.
Tras la reciente invasión del río Madeira por balsas y dragas mineras ilegales, esta nueva medida es un paso más hacia la destrucción ambiental y la persecución de los pueblos indígenas a favor de las ganancias capitalistas, una política llevada a cabo e impulsada sistemáticamente por el Gobierno de Bolsonaro.