La minería es una noticia constante, casi diaria. Esto demuestra, en primer lugar, que Ecuador es un país minero, sin que signifique que se han allanado todas las complicaciones que el sector soporta.

1. Las cifras macroeconómicas de las exportaciones de los dos proyectos no se traducen en obras para la provincia de Zamora Chinchipe (el retorno de regalías es responsabilidad del Ministerio de Finanzas). La pequeña minería ecuatoriana está bajo el acoso de grupos delincuenciales. La minería artesanal está siendo cooptada por la violencia estructural. Los mineros informales esperan el cumplimiento de las ofertas de campaña, mientras la minería ilegal disfruta de la impunidad y, en muchos casos, de la amnesia nacional.

2. Esta semana, el Ecuador productivo celebra las decisiones judiciales por las cuales se permite el desarrollo de los proyectos Curipamba y La Plata. Las acciones constitucionales del sector antiminero empañan la coherente sentencia jurisdiccional. El gobierno, acertado en su posición de “sí a la minería”, no cuenta con los criterios para desarrollar una política más eficiente que los operativos en territorio (ardua, loable pero insuficiente estrategia) en el combate a la minería ilegal.

3. Acertado en su decisión de separar esa entelequia que el centralismo denominó ARCEEERN (eufemismo que sirvió para solapar la minería ilegal, la corrupción en el sector eléctrico y el saqueo en hidrocarburos). Sin embargo, ese acierto del gobierno de recuperar lo que se denominó ARCOM se ve amenazado por la posibilidad de que todos los procesos, archivos, aciertos, omisiones y complicidades desaparezcan por obra y gracia de los mismos burócratas que no harán más que cambiar de nombre a su escritorio. La amenaza mayor es el retorno de la gavilla de corruptos que hace poco controlaron el sector minero y que, gracias a la Fiscalía General de la Nación, están siendo procesados judicialmente.

4. El periodista criminalístico Jonathan Carrera difundió un video en el que se acusaba a un alto funcionario ministerial de celebrar (según el video) con algunos “duros” de la minería ilegal de la Amazonía, en un lujoso restaurante de Quito. Este suceso no ha sido rebatido, aclarado y acaso separado el funcionario señalado.

5. En ENAMI, los más dispares intereses intentan controlar y/o boicotear el acertado anuncio de su gerente general de reaperturar el catastro minero, de manera que la empresa pública minera, en lugar de significar un gasto para el Estado, sea un aporte ya que se garantizaría que empresas mineras globales inviertan en un país en recesión económica como lo ha señalado el Banco Mundial.

6. De igual manera, los rumores que han buscado convertirse en postverdades han desatado un vendaval sobre la supuesta salida del Viceministro de Minas, quien, a diferencia de los 20 anteriores, ha destacado por su enérgica posición a favor de la minería en su conjunto (megaminería, pequeña minería, minería artesanal), en el combate a la minería ilegal y a la corrupción en las coordinaciones zonales de minas.

7. El centralizar los procesos mineros y la política de control a esos nichos de coimas que han sido las coordinaciones zonales debe acompañarse con una investigación fiscal y de la UAFE sobre las concesiones que los familiares de algunos de los coordinadores zonales desde el 2010 han acaparado de manera impúdica, los posibles enriquecimientos ilícitos de los funcionarios de control minero y los registradores mineros y, acaso, testaferros.

8. Se pretende, con la supuesta remoción del Viceministro de Minas y gerente de ENAMI, la construcción de una atmósfera de incertidumbre y opacidad para afectar a los procesos mineros y favorecer intereses particulares que no coinciden con la decisión del ejecutivo (como corresponde a un gobierno y su derecho a gobernar).

9. Es anecdótico que el viceministerio, en lugar de posicionar a personalidades que conozcan el sector, ha sido el espacio para que toda clase de novatos (salvo pocas excepciones) lleguen a desayunarse sobre minería, regocijarse del poder que les permite decidir sobre un negocio tan lucrativo y transitar sin generar avances para el sector minero, beneficio al Estado o certezas de inversión, empleo, encadenamiento productivo y desarrollo local, que es lo que significa y debería significar la minería en Ecuador. Numerosos, variopintos viceministros ha soportado esta cartera en menos de un lustro de existencia. Esa tendencia a nominar a funcionarios golondrinas (que no han llegado a hacer un verano, pero sí su personalísimo agosto) debe detenerse. Debe garantizarse la continuidad de las autoridades mineras y ser separados solo en caso de ineptitud, ineficacia o corrupción.

10. El combate a la minería ilegal, la gestión de ENAMI y la gobernanza en el viceministerio son aciertos del gobierno nacional. Está pendiente una veeduría ciudadana sobre la reestructuración de la nueva entidad que vaya a realizar el control minero, una estrategia más integral de combate a la minería ilegal y el pronunciamiento del ejecutivo a favor de la pequeña minería nacional para que pueda trabajar, garantías para aumentar la inversión en megaminería y la revisión de los cumplimientos de la inversión inicial.

11. La constitución vigente al determinar a la minería como sector estratégico debería hacer entender a los gobiernos que la minería es y debería ser una política de Estado, no un botín partidista. Esas políticas de Estado, como en el caso de la salud y la seguridad, deben continuar independientemente del cuño ideológico del gobierno de turno. Aprendamos de los buenos ejemplos en gobernanza minera de países que, gracias a una coherente política privada en alianza con el sector privado, han logrado hacer de la minería un pilar para su desarrollo sostenible.

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