China es el mayor inversor extranjero en energía hidroeléctrica amazónica, pero las empresas canadienses tienen la mayoría de las acciones en los principales sectores de riesgo ambiental.
Las empresas canadienses se han consolidado como las que más invierten en proyectos energéticos y mineros en el Amazonas. Dejando atrás a las chinas que controlan el 10% en los sectores hidroeléctrico y extractivo, según los últimos datos publicados por el think tank estadounidense Diálogo Interamericano.
«No creo que nadie supiera exactamente lo activa que es Canadá en el Amazonas», dijo Lisa Viscidi, directora del programa de energía, cambio climático e industrias extractivas de Diálogo Interamericano, que al mismo tiempo se vio sorprendida por el menor nivel de participación china en el rubro.
La recopilación de datos sobre energía hidroeléctrica, petróleo, gas y minería en la Amazonía pretende identificar a las empresas y bancos con proyectos en un ecosistema vital. El Amazonas es un sumidero crítico de carbono y el hogar de varios millones de especies de plantas y animales, así como de grupos indígenas, según el informe Energía y minería en el Amazonas.
Los datos demuestran que en toda Sudamérica, 197 empresas mineras canadienses poseen o explotan proyectos por un valor estimado de 8.000 millones de dólares. En una zona que el informe define como la «Amazonía biogeográfica» – la cuna de su biodiversidad que se extiende más allá de las fronteras jurídico-políticas-, controlan acciones de capital equivalentes a 47 proyectos enteros.
La Amazonía colombiana es la que más se ha visto impactada por las empresas canadienses. En toda Latinoamérica, los norteamericanos controlan 30 bloques petrolíferos, más que cualquier otra entidad extranjera. Y 24 de ellos están en el país cafetero.
La mayoría de las empresas mineras que cotizan en bolsa con proyectos en América Latina cotizan en la de Toronto, que cuenta con el mayor número de empresas petroleras y mineras cotizadas del mundo.
Además de las nacionalidades de los inversores, la investigación recoge datos sobre la situación operativa de los proyectos en sectores con altos riesgos sociales y medioambientales endémicos, así como si son nuevos o si la participación es a través de una fusión o adquisición. También registra si los propietarios y operadores de los proyectos son empresas estatales o privadas.
Las empresas públicas, tanto nacionales como extranjeras, dominan los proyectos energéticos y mineros en los países de la mayor cuenca tropical del mundo, según la investigación. Las primeras invierten sobre todo en petróleo y gas, y las segundas en minería.
China y el Amazonas: intereses energéticos a largo plazo
Con algo menos del 10%, China es el mayor inversor extranjero en proyectos hidroeléctricos en el Amazonas.
Entre sus principales proyectos se encuentran la problemática planta Coca-Codo Sinclair de Ecuador y la controversial presa de Belo Monte de Brasil. Sin embargo, sus principales intereses en el petróleo y el gas de Sudamérica se encuentran en otros lugares.
La excepción es el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), en el Parque Nacional ecuatoriano Yasuní, de gran biodiversidad.Según Viscidi, esto se debe en gran medida a que China está preocupada por la seguridad energética, y esto le exige controlar grandes reservas de petróleo probadas que generalmente se encuentran en alta mar. Yacimientos petrolíferos en la cuenca del Amazonas suelen tener niveles de producción más bajos y atraen el interés de las empresas más pequeñas, dijo.
El Yasuní fue objeto de un polémico y fallido intento del ex presidente Rafael Correa de atraer donaciones internacionales a cambio de mantener su petróleo en el suelo. El parque también alberga pueblos tribales no contactados.
Andes Petroleum, una empresa conjunta de China Petrochemical Corporation (SINOPEC) y China National Petroleum Corporation, ha invertido en tres bloques en el parque del Amazonas, según la base de datos. Entre los bloques que opera la empresa afiliada PetroOriental SA se encuentra el bloque número 14 (conocido como Nantu).
Los indígenas waorani demandaron recientemente a PetroOriental SA, alegando que el impacto de las prácticas de altas emisiones de la quema de los biproductos del gas, conocidas como quema y venteo, durante la extracción de petróleo en el bloque 14, violaba sus derechos humanos. El proceso también contravenía los derechos de la naturaleza, consagrados en las enmiendas de 2008 a la Constitución de Ecuador, argumentaban.
Presión sobre las normas ambientales
Las disputas con las comunidades del Amazonas de Ecuador han contribuido a la percepción de que las empresas chinas tienen normas medioambientales menos estrictas que otras entidades internacionales que operan en el extranjero.
Sin embargo, un estudio de 2017 dirigido por la Universidad de Boston no encontró pruebas de que las empresas chinas tengan un desempeño mejor o peor que otras nacionalidades con proyectos en América Latina. Aunque, según el informe de Diálogo Interamericano, el historial de las empresas chinas varía en función de «los propios requisitos de los países anfitriones», y los acuerdos en los que participan estas empresas son más opacos.
«Cuando hay un proyecto chino se presta mucha más atención», dijo Viscidi, explicando que esto puede deberse a la percepción de que las empresas chinas aplican menos salvaguardias socioambientales y son menos reacias a los riesgos ambientales, sociales o de gobernanza.
Las grandes empresas internacionales se mantienen al margen
Con algunas excepciones, las empresas energéticas y mineras internacionales se han mantenido alejadas de las operaciones en la Amazonía. Además de las dificultades para acceder a los recursos en lugares remotos, pueden enfrentarse a la presión de los accionistas para que demuestren que cumplen con los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Los prestamistas de los proyectos también han sido objeto de escrutinio. En el pasado, bancos multilaterales como el Banco Mundial, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el Banco Interamericano de Desarrollo han proporcionado la financiación a largo plazo para el desarrollo hidroeléctrico y minero de los países amazónicos. Sin embargo, sólo han concedido dos préstamos desde 2015, según la investigación de Diálogo.
Además del largo periodo de amortización, los proyectos hidroeléctricos de la Amazonas están asociados a graves impactos sociales y medioambientales, como el reasentamiento de pueblos indígenas, la alteración del curso de los ríos, de sus especies y de las poblaciones que dependen de ellos.
La deforestación a gran escala suele ser consecuencia de la creación de embalses, liberando a la atmósfera el carbono almacenado en los árboles.
Sin embargo, la retirada de los bancos y empresas estatales y multilaterales podría servir para disminuir su capacidad de supervisar los proyectos y abrir la puerta a prestamistas con estándares más bajos, según el informe.
Para Viscidi, es necesario que haya una mayor concienciación pública y una mayor presión sobre las empresas estatales en cuestiones medioambientales en general. Señaló que las empresas estatales de servicios públicos y las petroleras son responsables de una parte importante de las emisiones de carbono de los países y desempeñarán un papel fundamental en la transición energética.
«Los ciudadanos son los accionistas más importantes. Se necesita de la presión de la sociedad en general y sólo llegará si hay una buena información y concienciación», sentenció.