Una gran movilización ciudadana este martes dejó claro que en Cuenca no hay consenso para el proyecto minero Quimsacocha, también conocido como Loma Larga. Instituciones locales, autoridades y comunidades confluyeron para manifestar su rechazo al plan de explotación, afirmando que su continuidad implicaría riesgos ambientales y sociales que no pueden asumirse.

El presidente Daniel Noboa, junto con la ministra de Ambiente, ha mostrado vacilaciones. En declaraciones recientes, Noboa dio a entender que podría descartarse la iniciativa, aunque apuntó que las autoridades locales enfrentarían posibles repercusiones legales si lo hicieran. Sin embargo, para muchos lugareños esas advertencias no son suficientes para aliviar sus preocupaciones.

La marcha, catalogada como una de las más numerosas en la historia de la ciudad, reunió a personas de todos los sectores. Su fuerza simbólica estuvo respaldada por cifras que varían entre los 90.000 asistentes (dato oficial del Municipio) y más de 100.000 según medios locales. Más allá de los números, lo que quedó patente fue el fuerte sentimiento de defensa del agua, el paisaje y los recursos naturales que caracterizan a la región.

Quimsacocha está situada a unos 25 kilómetros del centro urbano de Cuenca, en las tierras altas del Macizo del Cajas, un ecosistema frágil de páramos, humedales y lagunas. Aseguran los opositores al proyecto que la mina subterránea planeada por Dundee Precious Metals podría afectar los afluentes de los ríos Tarqui, Yanuncay, Rircay, así como quebradas alimentadas por fuentes que nacen en la zona, lo que pondría en riesgo el suministro de agua potable para decenas de miles de personas, además de los cultivos y la ganadería.

La empresa defiende que los estudios ambientales han considerado esos riesgos, y destaca que el diseño del proyecto ha sido modificado para minimizar su impacto: se propone una explotación subterránea en lugar de a cielo abierto, tratamiento de aguas residuales, recirculación del agua usada, relleno de galerías y un sistema de relaves que, aseguran, respeta estándares internacionales. Pese a esto, críticos advierten que esos mecanismos podrían no ser suficientes, especialmente en un ecosistema tan sensible como el páramo.

Más allá del argumento técnico, el rechazo popular parece gozar de una legitimidad amplia. No solo por la densidad de la protesta, sino también porque la minería en páramos aparece como incompatible con las formas de vida locales y la identidad de Cuenca.

De aquí en adelante, los actores sociales señalan que el debate ya no puede centrarse solo en lo económico o legal, sino en lo político y lo ambiental: si un proyecto viable técnica y legalmente amenaza recursos vitales, ¿vale la pena? Para muchos, la respuesta es clara: no.