El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió que las economías ilícitas representan uno de los mayores desafíos para el país al asegurar que generan entre USD 20 000 y USD 26 000 millones anuales, una cifra que equivaldría a entre el 15 % y el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Durante sus declaraciones, el mandatario señaló que estos recursos provenientes de actividades ilegales no solo fortalecen a las organizaciones criminales, sino que también ingresan al sistema económico mediante mecanismos de lavado de activos, utilizando empresas, entidades financieras y cooperativas para ocultar su origen.
Frente a este escenario, Noboa afirmó que el Gobierno ha intensificado los controles sobre las transacciones financieras y la supervisión de bancos y cooperativas con el objetivo de cerrar los canales utilizados para legitimar dinero proveniente del crimen organizado. Asimismo, sostuvo que es necesario reforzar los mecanismos de vigilancia en aquellas instituciones donde, según indicó, aún existen debilidades en los controles.
El jefe de Estado también insistió en que la lucha contra las economías ilícitas requiere una estrategia regional. En ese sentido, planteó fortalecer la coordinación con Colombia y Perú para ejercer un mayor control en las fronteras, desde donde —según afirmó— ingresan armas, explosivos, drogas y mercancías de contrabando que alimentan a las redes criminales.
Noboa aseguró además que las acciones emprendidas por el Ejecutivo ya muestran resultados en materia de seguridad, destacando una reducción cercana al 30 % de las muertes violentas en el área metropolitana de Guayaquil, Samborondón y Durán. Agregó que la disminución de la criminalidad ha contribuido a un mayor dinamismo económico en la provincia del Guayas, reflejado en un incremento de la facturación comercial durante este año.
El Gobierno sostiene que el reto no solo consiste en combatir las estructuras financieras del crimen organizado, sino también en fortalecer la economía formal mediante más inversión y generación de empleo, con el fin de reducir el espacio que hoy ocupan las actividades ilícitas dentro de la economía nacional.