El Ejecutivo ecuatoriano presentó este 28 de enero ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado como económico urgente que propone una serie de cambios profundos a la Ley de Minería vigente desde 2009, con la finalidad de simplificar trámites, atraer inversiones y aumentar los ingresos fiscales en un contexto de estrechez presupuestaria.

El principal cambio planteado consiste en sustituir la tradicional licencia ambiental por una “autorización ambiental” para la etapa de exploración minera. Según el Gobierno, los requisitos actuales generan demoras significativas, duplicidad de trámites y altos costos que ahuyentan la inversión y retrasan proyectos prometedores. La nueva autorización, que estaría reglamentada según el tipo de proyecto y su fase, busca agilizar estos procesos sin disminuir los estándares de protección ambiental.

Además de esta modificación, el proyecto plantea consolidar las fases de exploración en una sola etapa, eliminando distinciones que, según estudios técnicos, no reflejan diferencias sustanciales en métodos o impactos ambientales y solo alargan los plazos para avanzar hacia etapas productivas.

En el plano fiscal, la iniciativa redefine la patente de conservación, estableciendo su pago anual obligatorio sin posibilidad de prórroga, y modifica la estructura de tasas para alinearlas con el desarrollo de cada proyecto. Este ajuste pretende reducir incentivos especulativos sobre concesiones y generar liquidez más temprana para las arcas del Estado.

Otro punto de la reforma es la creación de clústeres mineros integrales, figuras que promueven sinergias productivas y fortalecen infraestructura energética y logística para los proyectos extractivos, así como la designación de áreas mineras con protección estratégica, que contempla apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar seguridad frente a la minería ilegal y otras afectaciones al sector legalmente establecido.

El texto también introduce ajustes para la entrega de regalías, estableciendo requisitos de trazabilidad y evaluación de inversiones por parte de los gobiernos locales antes de recibir estos fondos, y redefine el régimen de minería artesanal, estableciendo permisos no renovables por más de diez años y la obligación de migrar a la figura de pequeña minería cuando la actividad se mantenga en el tiempo.

Finalmente, la propuesta incorpora la actualización del catálogo ambiental aplicable a la exploración minera, con el objetivo de adecuar a la normativa vigente el marco de referencia para proyectos, obras y actividades vinculadas al sector.

La presentación de este proyecto responde a la necesidad de reactivar la economía minera en un contexto fiscal desafiante, aumentar la competitividad del país para captar inversión extranjera y frenar la expansión de prácticas mineras ilegales.