El Ministerio de Defensa Nacional busca cambiar el enfoque de las operaciones contra la minería ilegal en Ecuador. La nueva estrategia apunta a afectar no solo los puntos de extracción, sino también la logística, infraestructura y capacidad económica de las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad.

De acuerdo con información difundida por El Universo, los operativos ejecutados por las Fuerzas Armadas han generado una afectación estimada en USD 4.391 millones a grupos dedicados a actividades relacionadas con la minería ilegal.

La estrategia parte de una premisa: golpear la cadena que permite que la extracción ilegal continúe operando. Esto incluye maquinaria utilizada en los campamentos, plantas de procesamiento, combustible, sistemas de comunicación, infraestructura y otros recursos necesarios para mantener estas actividades.

Durante los operativos, los militares han intervenido zonas identificadas como focos de minería ilegal y han destruido o inutilizado equipos empleados para la extracción y procesamiento de minerales. El objetivo es elevar el costo de operación de las estructuras criminales y reducir su capacidad para reactivar rápidamente los campamentos intervenidos.

Golpear la estructura económica

La minería ilegal se ha convertido en una fuente de ingresos para organizaciones que también están relacionadas con otras economías ilícitas. Por ello, el Gobierno busca que las acciones militares tengan un impacto más amplio que la simple destrucción de maquinaria.

La lógica es afectar la cadena de suministro y financiamiento que sostiene estas operaciones. Sin maquinaria, combustible, plantas de procesamiento y redes logísticas, las organizaciones enfrentan mayores dificultades para mantener la extracción y comercialización del mineral.

Esta visión también plantea una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de seguridad, control minero, inteligencia y administración de justicia, con el propósito de identificar a quienes financian y facilitan las operaciones, además de intervenir directamente en los sitios de extracción.

Una amenaza que se extiende

La expansión de la minería ilegal ha generado preocupación por sus efectos ambientales, económicos y de seguridad. La actividad provoca contaminación de ríos y suelos, deforestación y pérdida de biodiversidad, mientras que en determinadas zonas también ha sido utilizada como mecanismo de financiamiento para estructuras del crimen organizado.

Frente a este escenario, Defensa busca que los operativos sean cada vez más focalizados y estratégicos. La intención es pasar de una respuesta principalmente reactiva a una intervención dirigida contra las redes que hacen posible el negocio ilegal del oro y otros minerales.

El desafío será sostener las operaciones y evitar que los grupos afectados simplemente trasladen sus actividades hacia nuevas zonas. Para ello, además de los golpes operativos, será determinante mantener presencia estatal y fortalecer los controles sobre la comercialización y trazabilidad del mineral.

La cifra de USD 4.391 millones de afectación refleja la magnitud que las autoridades atribuyen al impacto económico de estas operaciones contra las estructuras vinculadas a la minería ilegal. La nueva estrategia busca que ese impacto no se limite a pérdidas de equipos, sino que alcance la capacidad financiera y logística que permite a estas organizaciones reconstruir sus operaciones.