La presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint procede con ecuanimidad y apego a la ley, al exponer que la entidad no tiene las atribuciones para excluir candidatos por narcopolítica, bajo acusaciones inciertas y sin fundamentos por parte de unos pocos, cuyas críticas pretenden imponer por sobre la ley.

Lo último no solo significa una violación al derecho constitucional del debido proceso, al derecho de la presunción de inocencia que indica que “todo imputado es inocente hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable”. Es decir, todo aquel que tenga elementos debería denunciar con pruebas la presunta narcopolítica en los candidatos.

Como medio de investigación, pedimos una depuración absoluta de todos aquellos funcionarios públicos, alcaldes, prefectos, concejales pertenecientes a cualquier entidad o agrupación política que deben ser investigados y si es el caso separados de los puestos públicos.

Fuente foto: CNE

B.M.