BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que los responsables de la mina de oro ilegal en Neira, departamento de Caldas (oeste), donde permanecen atrapados desde hace una semana 11 mineros, deben responder.
«En este caso de Neira es una mina ilegal y quienes estuvieron gestionando la mina deben responder porque no hay derecho que hayan expuesto vidas en un socavón, al lado de un río, en una temporada de altas lluvias donde saben que los riesgos de una creciente pueden poner en condiciones de total indefensión a las personas», afirmó Duque en la emisora local Caracol Radio.
El viernes 26 de marzo colapsó la estructura de una mina de oro en Neira dejando atrapados a 11 trabajadores.
La estatal Agencia Nacional de Minería informó el jueves 1 de abril, a través de la red social Twitter, que avanzaba la construcción del jarillón (barrera para evitar desborde de ríos), de una extensión de 80 metros y una altura de 14 metros, para rescatar a los 11 hombres atrapados.
Formalización
«A mí me ha estremecido mucho esta situación, y me ha estremecido mucho cuando vemos accidentes en minas que son minas que no están funcionando de manera legal», añadió el presidente.
Aseguró que desde que llegó a la presidencia, en agosto de 2018, lanzó un programa de formalización minera.
«Se ha hecho ya una formalización que es supremamente importante comparativamente con los últimos años en Colombia, no obstante es mucho lo que falta», reconoció.
Informó que el ministro de Minas, Diego Mesa, y la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, «tienen una instrucción muy clara que de aquí a agosto del año entrante hay que acelerar el ritmo de pequeños mineros en Colombia como nunca antes».
Duque dijo que hay que diferenciar entre el trabajador minero y los responsables de las minas ilegales.
«Debemos trabajar en la formalización de los pequeños, capacitándolos en seguridad, pero en la extracción ilegal nosotros estamos presentando al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones a la extracción ilegal de minerales», informó.
Indicó que decidió enviar ese proyecto no solo porque la extracción ilegal «termina siendo otro vehículo criminal de los grupos armados ilegales sino porque también termina exponiendo la vida de personas inocentes, que en aras de tener un ingreso los llevan y los manipulan diciendo que hay cosas bajo control, cuando lo que están haciendo es irresponsable».
La ilegalidad minera del país sería del orden de 63%, según el Censo Minero Departamental Colombiano 2010-2011, realizado por el Ministerio de Minas y Energía.