El Gobierno de Ecuador prevé captar un total de 7.821,7 millones de dólares durante el año 2027 a través de concesiones, la monetización de activos, las utilidades de empresas públicas y otras transferencias no tributarias, según consta en la Proforma del Presupuesto General del Estado para dicho ejercicio fiscal. Este monto representa aproximadamente el 16 % del presupuesto total del país, el cual asciende a 50.213,09 millones de dólares.

La piedra angular de esta estrategia económica se centra en el sector extractivo. Del conjunto proyectado en el rubro no tributario, unos 6.381,03 millones de dólares —equivalentes al 81,6 % del total— provendrían de proyectos de concesión y monetización en las áreas petrolera y minera. El portafolio referencial de inversiones hidrocarburíferas abarca un potencial de 20.471 millones de dólares en iniciativas que incluyen bloques mar adentro (offshore), proyectos de crudos extrapesados, áreas en el suroriente del país y procesos de optimización exploratoria.

Entre las principales operaciones planificadas destaca la búsqueda de inversión privada para el campo Sacha, la estructura petrolera más productiva del país y gestionada actualmente por Petroecuador. El Gobierno suscribió un acuerdo marco estratégico con Emiratos Árabes Unidos y la estatal ADNOC para la comercialización directa de crudo y la optimización operativa de este bloque. Adicionalmente, el Ejecutivo calcula ingresos por 152,95 millones de dólares tras las negociaciones de los campos PBH, Inchi y Pambil en Orellana, 45 millones por regalías ligadas al cumplimiento de hitos y 41,79 millones correspondientes a la monetización de tres proyectos de la Empresa Nacional Minera.

El resto de los ingresos no tributarios, que suma 1.440,67 millones de dólares, provendrá de diversos fondos estatales. Destacan 704,4 millones de dólares por utilidades de empresas y entidades financieras públicas, donde el Banco Central del Ecuador aportará 350 millones y la banca pública el resto. También se computan 188,4 millones de dólares por excedentes no reinvertidos de empresas públicas, 170 millones de aportes empleadores al IESS, 128,68 millones por el impuesto del cinco por mil y 249,19 millones en otros ingresos menores.

No obstante, la inclusión de estos recursos genera cautela entre los analistas económicos. Especialistas advierten que históricamente este tipo de proyecciones por concesiones suele incluirse para cuadrar sobre el papel el presupuesto y respaldar gastos obligatorios, como el incremento constitucional en salud y educación. Si dichos fondos no llegan a concretarse en las cuentas fiscales, el Estado podría verse forzado a diferir gastos, aumentar el endeudamiento o recortar las inversiones previstas en infraestructura y equipamiento institucional, estimadas en 7.003,45 millones de dólares para ese período.