La crisis energética que atraviesa Ecuador mantiene en una situación crítica al sector productivo. Desde mediados de octubre, más de 9.000 industrias de mediano y alto voltaje enfrentan cortes de energía programados de hasta 72 horas semanales (equivalentes a tres días), una medida implementada por el Gobierno de Daniel Noboa para mitigar el impacto de la escasez hídrica y priorizar el suministro residencial.

Un freno al aparato productivo y al empleo

Gremios empresariales, industriales y sectores clave como el camaronero, textil y manufacturero han alzado la voz de alerta. Los prolongados racionamientos no solo encarecen los costos de producción —al obligar a las empresas a depender de costosos combustibles propios o generadores privados—, sino que ponen en riesgo la continuidad de las operaciones, la cadena de pagos a proveedores y miles de plazas de empleo formal.

Según los representantes del sector industrial, la baja tasa de acatamiento a los ahorros voluntarios previos obligó a la aplicación de desconexiones directas por bloques, dejando a las fábricas prácticamente la mitad de la semana sin el servicio de la red pública.

El reto del suministro eléctrico nacional

Las autoridades de energía han señalado que el objetivo principal es proteger a los hogares ecuatorianos de apagones masivos generalizados. Sin embargo, la persistente sequía que afecta a los embalses estratégicos del país —como el complejo hidroeléctrico de la cuenca del Paute y la paralización temporal de la hidroeléctrica Mazar— ha dejado en evidencia la alta vulnerabilidad del sistema ante la falta de nuevas fuentes de generación firme.

Para superar esta coyuntura y lograr liberar al sector industrial de estas restricciones, el país urge de:

• Incrementar la generación eléctrica nacional mediante la incorporación acelerada de nuevos bloques de energía (tanto renovable como térmica privada).
• Garantizar un abastecimiento oportuno y suficiente de combustibles para sostener la operación de respaldo de las empresas.
• Asegurar mayor transparencia y previsibilidad en los cronogramas de racionamiento para evitar mayores pérdidas en la cadena logística y de exportación.

Mientras el Gobierno busca alternativas de abastecimiento —incluyendo importaciones limitadas desde países vecinos como Colombia y Perú—, el sector productivo insiste en que la recuperación económica del país dependerá de soluciones estructurales urgentes que devuelvan las garantías mínimas para invertir y producir.