En un giro significativo en su estrategia de seguridad, Ecuador ha comenzado a emplear vehículos blindados AMX-13 en operaciones militares dirigidas a combatir la minería ilegal, marcando un precedente en la lucha contra economías ilícitas en la frontera norte del país.

El despliegue de estos tanques, tradicionalmente utilizados en escenarios de guerra convencional, evidencia una escalada en la respuesta del Estado frente a estructuras criminales que operan en zonas de difícil acceso. La intervención se concentró en el sector de El Pablo, en la parroquia Chical, una de las áreas más críticas por la presencia de minería ilegal vinculada a redes delictivas.

La operación, denominada “Fuego Letal”, combinó capacidades terrestres y aéreas en una ofensiva de alto impacto. En el operativo participaron tres tanques AMX-13, unidades de morteros, helicópteros artillados y tropas especializadas, configurando un esquema de armas combinadas orientado a desarticular campamentos y bocaminas ilegales.

Como resultado, las Fuerzas Armadas lograron destruir decenas de bocaminas y afectar significativamente la infraestructura de las organizaciones dedicadas a la extracción ilícita de minerales. Según estimaciones oficiales, estas actividades generaban cerca de 300.000 dólares diarios, lo que refleja la magnitud económica del problema y su vínculo con otras economías criminales.

El uso de blindados en este tipo de misiones representa un cambio doctrinario en el empleo de las Fuerzas Armadas, que pasan de un rol tradicional de defensa externa a una participación más activa en la seguridad interna. Esta decisión responde al crecimiento de la minería ilegal, considerada ya no solo un delito ambiental, sino una amenaza directa a la seguridad nacional.

Además del impacto económico sobre las mafias, las autoridades buscan recuperar el control territorial en zonas estratégicas, donde la presencia del Estado ha sido limitada y donde estas actividades ilícitas han logrado consolidarse durante años.

Este tipo de operaciones también envía un mensaje político claro: el Estado ecuatoriano está dispuesto a emplear toda su capacidad operativa para frenar el avance de la minería ilegal. Sin embargo, el desafío no se limita al componente militar. Expertos advierten que, sin una estrategia integral que incluya control de insumos, trazabilidad del oro y fortalecimiento institucional, estas acciones podrían tener efectos temporales.

En este contexto, el uso de tanques AMX-13 no solo simboliza una ofensiva contundente, sino también la magnitud de un problema que ha escalado hasta convertirse en uno de los principales desafíos de seguridad y gobernabilidad en el país.