El Gobierno de Ecuador estima atraer alrededor de USD 12.000 millones en inversiones mineras durante los próximos ocho años, mientras acelera el desarrollo de los principales proyectos de cobre y oro del país bajo una nueva política que obliga a las empresas a garantizar su propio suministro de energía.

El viceministro de Minas, Guillermo Flores, explicó que cinco de los proyectos mineros más cercanos a entrar en operación demandarán cerca de 551 megavatios de potencia, un consumo superior al de provincias como Manabí. Ante este escenario, el Ejecutivo considera indispensable que las compañías implementen sistemas de autogeneración eléctrica para evitar una mayor presión sobre el Sistema Nacional Interconectado.

Uno de los proyectos clave es la segunda fase de la mina Mirador, operada por Ecuacorriente, cuya puesta en marcha permanece condicionada a la firma de una adenda contractual que incluirá la construcción de infraestructura de generación eléctrica propia. Según las autoridades, el objetivo es destrabar el proyecto antes de finalizar 2026 para permitir el inicio de su expansión productiva.

En paralelo, el Gobierno prevé iniciar durante el segundo semestre de este año la prenegociación del contrato de explotación del proyecto Warintza, mientras avanza en un nuevo proceso para el desarrollo de Llurimagua, con énfasis en la transparencia y la participación de inversionistas internacionales.

La estrategia forma parte del plan oficial para consolidar a la minería como uno de los principales motores de inversión y crecimiento económico del país, impulsando nuevos proyectos de cobre y oro bajo condiciones que garanticen tanto el abastecimiento energético como la sostenibilidad de las operaciones.