En un nuevo operativo desplegado este domingo en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, las fuerzas armadas intensificaron las acciones contra la minería ilegal. La intervención se centró en sectores montañosos del cantón de Buenos Aires (Imbabura), considerados puntos clave de actividad no regulada.

Según lo anunciado por el presidente Daniel Noboa a través de sus redes sociales, las operaciones continuarán “sin dar marcha atrás”, incluso ante presiones o amenazas. El mandatario subrayó que el Estado mantiene su compromiso de actuar de manera decidida contra redes que operan al margen de la ley.

El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ya había anticipado el fin de la minería clandestina en la zona y afirmó que la presencia militar sería permanente. Por su parte, el Ministro del Interior, John Reimberg, vinculó los actos de violencia recientes en Guayaquil, como la explosión de un vehículo que dejó un muerto y numerosos heridos, con una posible retaliación de las estructuras ilegales.

La provincia de Imbabura, además de esta ofensiva, está siendo foco de manifestaciones indígenas iniciadas hace semanas tras la eliminación del subsidio al diésel. Este conflicto, sumado a la campaña contra actividades ilícitas, aporta una alta tensión social a la región.

Las autoridades afirmaron que, durante las últimas intervenciones, lograron la detención de al menos siete personas —entre ellas ciudadanos colombianos vinculados presuntamente al grupo disidente Frente “Oliver Sinisterra”— en relación con actividades de minería ilegal.

El operativo refuerza el mensaje del Gobierno de que no retrocederá en la lucha contra crímenes ambientales, minería no autorizada y el contrabando que, en su visión, socavan la gobernabilidad y la seguridad.

Queda por ver cómo estas acciones impactarán a medio y largo plazo en la degradación ambiental, la presencia estatal en territorios remotos y la relación con comunidades indígenas que reclaman mayor atención estatal.