El oro desbanca a los grandes bancos como el mejor mecanismo para blanquear capitales. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tuvo que abandonar una investigación contra una importante compañía de oro y joyas domiciliada en Dubái.

Estas son líneas de una larga información que el Diario16 de España publica  y que la lectoría de América percibe con claridad la extensión  casi planetaria del narcotráfico, cuya impunidad se fortalece con el lavado de dinero vía el sistema bancario y ahora a través del oro con moneda del intercambio…

La actual economía informal de la minería tiene sus raíces en la derivación de capitales de grandes empresas formales a la extracción del oro de los socavones  y de los ríos más caudalosos de la Amazonía. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, la más antigua de América, tiene gran documentación de este cambio brusco de los Patronatos  que  alentaron los lavaderos de oro y su comercialización por el Banco de la Nación (BNP), como forma de paliar la pobreza estructural que domina  al Grupo Andino y América toda.

Desde fines del siglo XX,  se viene encubriendo  la maquinaria  que facilitar la evasión tributaria y estimula la infame explotación  de niños y familias que participan  en el cultivo de la coca,  conversión en droga y exportación a los mercados de EEUU – Europa. Los centros mineros y las riberas de los ríos de la Amazonía son rutas fuera de todo control oficial para las  embarcaciones y aviones que operan bajo  complicidad  de autoridades civiles y militares.

Las políticas destinadas a garantizar la protección de los ingresos a lo largo del curso de vida, la cobertura universal de los servicios de salud esenciales (incluida la atención de la salud sexual y reproductiva) y los servicios de cuidados son inversiones indispensables para el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, los beneficios que ofrece la protección social, tan solo llegan al 45,0 % de la población mundial que cuenta con cobertura efectiva. La mayoría, por lo tanto (55,0 %), carece de protección, según fuentes de la Organización Mundial de la Salud…

En este dramático escenario, se puede corroborar el valor supremo del ARTE en la creación de mejores caminos para seguir la búsqueda de respuestas por la Vida y  que se imponga sobre la muerte. Voltear los ojos a las artes, a la cultura, al deporte es un gesto que exige participación de todos. Hoy o nunca.

Merece valorar el significado  de una cumbre extraordinaria que reunirá a líderes culturales, artistas y expertos en el desarrollo de la economía para repensar el rumbo  del planeta frente a una nueva pandemia, que nunca antes ha sido de tanta   gravedad, extensa y duradera.

Es muy útil recordar acciones para evitar que la moneda sea destruida y las convocatorias a las citas culturales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, impulsaron,  entre los países miembros el cómo evitar el crecimiento de la producción de droga en la Amazonía y los Andes.

Veamos algunos antecedentes. El Foro Económico Mundial (2003) mostró instituciones de ahorro,  establecimientos autorizados a operar sobre la base de préstamos de bancos locales, casas de cambios,  operadores  bursátiles y otras  instituciones sujetas a supervisión del gobierno, bancos u otras instituciones financieras (OEA 1991).

De hecho, la falta de una legislación apropiada sobre valores y de un mecanismo eficaz de aplicación de las leyes puede haber sido la causa de muchos de  los escándalos que  se le atribuyen a la privatización en muchos países, en particular en algunos países de Europa del Este.

¿Cuáles son los esfuerzos contra el lavado de dinero?.  Es la pregunta que se formularon antes de este siglo. Y se  afirmó el Grupo de Acción Financiera  sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), junto con  el Grupo de los Siete que  se creó en la Cumbre Económica celebrada en París 1989.

El GAFI contribuyó a establecer  normas  mínimas en  las 40 Recomendaciones formuladas en 1990 y revisadas en 1996 y 2003.  El lavado de dinero deberá caracterizarse como actividad  delictiva  sobre la base de  la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia  Organizada Transnacional (la Convención de Palermo), que exige que los países adopten medidas similares a las sugeridas en estas  convenciones.

Revisando esa información se puede leer que las instituciones financieras debieron  aplicar estas recomendaciones  registrando la identidad de  sus clientes. No deberán  mantener  cuentas  anónimas. Deberán  conservar los registros  pertinentes  para  asistir en  las posibles investigaciones penales. Esto también podrá aplicarse en  casinos, agentes de bienes raíces, comerciantes en metales preciosos y piedras preciosas, abogados, notarios y otros profesionales jurídicos  independientes.

Fruto de esa concertación, un conjunto de gobiernos, organizaciones multilaterales y otros donantes, llevaron adelante ciertos esfuerzos en términos de legislación y regulación financiera. Por ejemplo, el BID trabajó con  la Organización de  los Estados Americanos (OEA) a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

De las recomendaciones surgieron varias organizaciones contra el lavado de dinero como: Grupos Asia/Pacífico, Fuerza de Acción Financiera del Caribe, Consejo de Europa – MONEYVAL. Grupo Contra el Lavado de Dinero del Este y  Sur de África. La  Fuerza de Acción Financiera contra lavado de dinero de América del Sur. Las convenciones  de Viena, de Palermo, la internacional para la supresión del financiamiento del terrorismo, Programa global contra el lavado de dinero con su Comité antiterrorista.

Algunos países como Argentina,  Brasil,  Bolivia,  Chile, Colombia,  Ecuador, Perú y Uruguay tipificaron en su legislación los delitos de lavado de  dinero para incluir  explícitamente la lucha contra las utilidades económicas  ilícitas.

La Convención de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo (Naciones  Unidas 1999) y la convención de la OEA sobre el mismo tema motivaron que los países suscriban acuerdos  regionales con Estados Unidos, los países europeos y otros  países de la región.

Se recuerda, como ejemplo la decisión del Uruguay, que integró a Subsecretaría de la Presidencia de  la República, como parte de la Junta  Nacional de Drogas; el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Uruguay.  La policía y el Servicio de Guardacostas, que depende del Ministerio de Defensa..

Retomando ese ímpetu que décadas atrás  impulsaron las instituciones internacionales para evitar  la violencia y el narcotráfico, hoy merece valorar el significado  de una cumbre extraordinaria que reunirá a líderes culturales, artistas y expertos en el desarrollo de la economía para repensar el rumbo que requiere el planeta para superar una nueva guerra.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros anuncia paneles de discusión y performances especialmente para esta ocasión. La cita  busca motivar  formas, acciones, decisiones para abordar los temas más apremiantes de esta era pos pandémica.  El objetivo es generar soluciones que les permitan a los países miembros restaurar la salud de sus habitantes y reactivar el crecimiento económico ante esta crisis histórica.

La llamada Triple Frontera que el Perú comparte con Colombia y Brasil, además de la frontera con el Putumayo, ha sido desde el siglo XIX la “frontera caliente” de nuestro país en la Amazonía, incluso más “caliente” que la frontera con Brasil en Madre de Dios y con Ecuador en la Cordillera del Cóndor, en la Región Amazonas. En esta Triple Frontera la ciudad brasileña más importante es Tabatinga. Colombia tiene a Leticia (fundada por peruanos en el territorio perdido) como un verdadero contrapeso económico, político y geopolítico).

Desde los años noventa, por efecto de la presión militar y policial en las zonas de producción de drogas en los Valles del Río Apurímac-Ene-Mantaro (VRAEM), los cárteles del narcotráfico se desplazaron hacia el llano amazónico, a la zona peruana de la Triple Frontera y expandieron los sembríos de la coca Epadú, con menos contenido de alcaloide que la coca del Alto Huallaga.

En la primera década del siglo XXI, se estimó que solo en la provincia de Ramón Castilla, cuya capital es Caballococha, había más de 10 mil hectáreas de sembríos de coca Epadú. Frente a la expansión del cultivo y el incremento de la producción de PBC y cocaína, el gobierno decretó en el año 2014 un estado de emergencia en la provincia. Pero sus efectos fueron, como siempre ha ocurrido con la política de drogas, mayor extensión y crecimiento con el “efecto globo”, se presiona en un lado, y se infla y se expande en otro.

De acuerdo al Censo Poblacional del año 2017, la Provincia loretana de Ramón Castilla, con Caballo Cocha como capital, tenía en el año del censo 49,072 habitantes. De ese total de población, aproximadamente 30 mil habitantes son miembros de Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) y de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), concentrados en la capital, Caballococha, y en las colonias y distritos del Yavarí, de Pebas, San Pablo y otras colonias. El resto de la población, incluyendo los indígenas Ticuna, está dispersa y desorganizada, sin ninguna fuerza social ni política. En la actualidad, de acuerdo a un informe de Telémaco Gaviria, periodista y estudioso de la realidad fronteriza, la mayoría de los distritos y la capital provincial están bajo el control de los israelitas.