Entrevista a Fernando L. Benalcázar, CSP, M.Sc. Analista y comentarista en temas mineros y energéticos

Breve evaluación del sector minero en el 2023

Las exportaciones de minerales de la pequeña minería y de las minas Mirador y Fruta del Norte, como actividades establecidas, continuaron al alza llegando a rebasar las predicciones y superando los 3.250 millones de dólares, junto a la respectiva renta para el Estado ecuatoriano que bordeará los 700-730 millones incluyendo un pago anticipado del impuesto a la renta, en el rango de 55 millones, que Ecuacorriente S.A. (mina Mirador) habría aceptado el pedido de este gobierno. Independiente de este avance que arrancó sistemática y estructuradamente en 2019 con la inauguración de producción a nivel industrial con esas 2 minas, el 2023 fue uno de los peores años para el sector minero en Ecuador. La inversión extranjera fue mínima comparativamente con años anteriores y el vaivén político tuvo muchísimo impacto en decisiones que le afectaron y llevaron a la salida de nuestro terruño de grandes mineras como Anglo American, Fortescue, Grupo México. La extracción ilegal de minerales alcanzó niveles sin precedentes, inclusive en áreas en las cuales en años anteriores se obtuvieron resultados concretos de erradicación, por la falta de recursos en la Agencia de Regulación y Control junto a la corrupción a todo nivel evidenciada en varias formas, a más de la limitada actuación de la Comisión de Control de la Minería Ilegal-CECMI. Resoluciones de la Corte Constitucional también afectaron nuevamente a la seguridad jurídica en el sector a través de resoluciones y sentencias que llevaron a una consulta popular sobre actividades mineras futuras en el chocó andino y a procesos de consulta ambiental suspendidos sobre la base de declarar inconstitucional al decreto ejecutivo 754 que buscaba regularla.

Por el lado positivo, hay que destacar que se alcanzaron acuerdos en el tercer trimestre del 2023 entre el gobierno y la empresa australiana Solgold encaminados a la firma futura de un Contrato de Explotación Minera (CEM) y con la china Ecuacorriente, una segunda adenda al CEM existente. Otro punto relevante fue que el Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con el Viceministerio de Minas, dando continuidad a un proceso que arrancó en 2019, adjudicó en el último trimestre el contrato para la Adquisición del Nuevo Sistema-Software de Manejo Integral de Gestión Minera (Catastro Minero) a la canadiense Pacific GeoTech Systems y que la ENAMI EP igualmente firmó un acuerdo comercial para exploración y desarrollo de proyectos mineros con una inversión de 27.50 millones de dólares con la canadiense Barrick International en 40.000 hectáreas mineras en Zamora Chinchipe. Es importante resaltar que a la fecha siguen pendientes los Dictámenes de Sostenibilidad Fiscal para los CEM antes indicados y sería crítico que el gobierno actual que arrancó el 23 de noviembre brinde la continuidad a estas iniciativas y pueda consolidar estos avances con miras a generar empleo, credibilidad en el sector mediante una posible apertura del catastro minero en su periodo de gobierno y consolidar potenciales inversiones al menos en los prospectos mencionados.

¿Qué necesita el sector minero para atraer más inversiones ante el escenario actual y qué constituyen desafíos para este gobierno en el 2024?

Sí efectivamente, el Banco Central de lo vital para ser exitosos frente a posibles inversiones es dejar de ser un País Triple I: Incertidumbre, Inestabilidad Política e Inseguridad Jurídica. La inseguridad física ha sido un factor primordial como parte de esa incertidumbre diaria que se vive a nivel individual y ahora a nivel empresarial en el sector. En cuanto a la inseguridad jurídica, hemos empeorado al darse resoluciones de la Corte Constitucional y hasta Consultas Populares con su beneplácito, que han puesto en evidencia que todo puede cambiar de la noche a la mañana y lo otorgado por gobiernos anteriores como concesiones para desarrollo de recursos del entorno se vean comprometidas. El riesgo país juega un papel primordial, mismo que poco o nada ha mejorado en los últimos meses. En cuanto a estabilidad política, con las últimas elecciones y la llegada de este nuevo gobierno de transición, alguna tranquilidad temporal se ha percibido, pero decisiones radicales y acertadas de declarar la guerra al narco terrorismo nuevamente poden este rubro al más alto nivel y cualquier inversionista, a no ser que ya tenga mucho en juego en el país, no se las jugaría por invertir en Ecuador en este año; ejemplos claros serían el arranque de construcción de mina en el segundo trimestre de este año en los Proyectos Curipamba y La Plata, quizá el arranque del desarrollo de Mirador Norte a finales del año. Preveo inversiones en la delineación y desarrollo del proyecto Warintza en la provincia de Morona Santiago y nada relevante adicional en cuanto a inversiones significativas para el resto del 2024.

Consecuencias a largo plazo de las consultas populares como en el caso del Chocó Andino y varios cantones en Azuay

Inseguridad Jurídica e Inestabilidad para el sector minero por lo que inversionistas nacionales y extranjeros ven con mucho recelo poner un dólar en el país y optan por valorar otras fronteras de inversión como Perú, Colombia y Chile en la región. Contradictorio a la buena intención de conservación y minimización de impacto ambiental que dichas consultas populares buscaban está la proliferación de las actividades de extracción ilícita de minerales, pues se ha confirmado y ratificado el concepto de que cerrar puertas a la minería legal -aquélla que genera empleo, es regulada y paga réditos al Estado- sólo lleva a abrir doblemente a las de la minería ilegal. Esto lo hemos visto en varios lugares del país y con su poder económico prolifera rápida y eficazmente hasta con el apoyo de comunidades locales. No nos olvidemos que ya en 2020 en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, Tabla 17, se indicaba que, en 21 Provincias, 57 Cantones, 124 Sectores de las 23 provincias continentales de Ecuador existía minería ilegal.

La minería y su desarrollo será el eslabón clave para el cumplimiento de políticas de descarbonización en el mundo. Si queremos alcanzar las metas del Acuerdo de París y si queremos detener el avance del cambio climático y sus efectos adversos, es necesario desarrollar una minería responsable que rompa con el mito anti extractivo. Creo que Ecuador debe aprovechar esta oportunidad para demostrar que podemos aportar a crear soluciones globales desde lo local.

¿Qué opina de las preguntas de la consulta popular en relación con la minería ilegal?

Apoyo frontal y contundentemente a aquella pregunta que busca modificar el Código Orgánico Integral Penal haciendo más severas las penas privativas de libertad que al momento se tipifican en los artículos 260 y 261 y que las establecen entre 3 y 10 años.

Respecto a la otra que busca se declaren ciertas zonas geográficas identificadas como áreas de interés nacional para erradicar la minería ilegal en 9 provincias del país, inclusive extinguiendo derechos mineros existentes, parte de una premisa equivocada en la cual se quiere asociar la minería ilegal a áreas concesionadas legalmente y se atribuye que la actividad ilegal se asocia a la autorización de los concesionarios. Nuestra Constitución y la Ley de Minería es muy clara al establecer como causal de caducidad de un derecho minero como sanción al concesionario minero que permita o promueva la extracción ilegal de minerales, son una minoría que debe sancionarse, mas no generalizarse como si fuese realmente representativo ante miles de derechos mineros existentes y que operan dentro de la legalidad. Lo descrito en el anexo de la pregunta a consultarse pone en evidencia que el continuar usando entidades de control con recursos limitados e involucradas en casos de corrupción y una Comisión de Control de la Minería Ilegal-CECMI creada en 2011 y que ha probado su ineficacia, no puede arrojar resultados diferentes. El gobierno actual debería crear un Consejo de Control de Minería Ilegal sólido y debidamente provisto de recursos y personería que pueda ser 100 por ciento responsable por esa actividad crítica para beneficio del Estado, tal como lo establece la Política Pública Minera (PPM), porque si en el país se continúa actuando con estas mismas entidades que no han podido enfrentar el problema, la minería ilegal continuará creciendo. Plantear la misma línea por más que nuevas áreas de interés nacional sean declaradas, no habrá ningún cambio en ellas porque no se topan temas de fondo, como la galopante corrupción. Si no se hace algo radical, la pregunta de la consulta no pasará de eso. Adicionalmente, el prohibir sin respaldo legal actividades mineras que se realizan adecuadamente contribuirá a generar mayor inseguridad jurídica, incertidumbre e inestabilidad política.

En su criterio ¿Cuáles son los ejes sobre los que debe centrarse la gestión pública de los recursos minerales?

La respuesta para mi es muy sencilla y evidente, pero no para los gobiernos de turno que llegan y desconocen lo bueno que existe en el sector minero desde hace algunos años como es la Política Pública Minera (PPM) y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero (PNDSM). Ahí están claramente definidos todos los ejes vitales para que la minería crezca de manera sostenida en el país, siempre y cuando se dé la continuidad requerida y se la ratifique como una política de Estado y no como una del gobierno que ya pasó. El gobierno anterior dio esa continuidad y reconoció la valía del PNDSM al emitir el Decreto Ejecutivo 151 de agosto 2021 un Plan de Acción para el Sector Minero, decreto aún vigente, pero que sufrió el traspié mediante la inoperancia de los funcionarios a cargo del ministerio rector y del de gobierno en junio 2022 ante la debacle resultante de la oposición de las organizaciones indígenas que presionaron eficazmente mediante un paro en contra del desarrollo de la actividad minera frente a esa contradictoria debilidad del gobierno.

Puedo citar un par de ejemplos de la PPM: el Eje 1: Desarrollo Económico cuyo Objetivo Estratégico es posicionar al sector minero como industria relevante de la economía nacional, promoviendo mayores niveles de inversión con un desarrollo competitivo y sostenible, define como Política Pública: Incrementar y diversificar la producción del sector minero, incentivando la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de empleo, para contribuir a la sostenibilidad macroeconómica y al desarrollo del país. O si hablamos del Eje 5: Regulación, Control y Combate a la Minería Ilegal cuyo Objetivo Estratégico es fortalecer la estructura de administración, regulación y control del Estado, mediante la aplicación de procesos de auditoría, fiscalización y seguimiento de las actividades mineras, define como política pública: mejorar la capacidad de administración, regulación y control del Estado a las actividades mineras, incluyendo la prevención, combate y sanción de la minería ilegal.