Pasada más de una década de que se suspendió el proyecto de minería a cielo abierto conocido como «Crucitas», los daños ambientales continúan y crecen cada día a causa de la extracción ilegal del metal por parte de coligalleros. De forma paralela a esta actividad, suceden casos de tráfico de personas, sustancias peligrosas y armas, explotación laboral, corrupción y hasta legitimación de capitales, ha advertido el OIJ.

En noviembre del 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto minero de la empresa Infinito Gold, que con apoyo de la Administración Arias Sánchez, planeaba construir una mina de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos.

En un informe número 364-DG-2020/ Ref. 567-2020 del 14 de mayo del año anterior, la entidad puntualiza que la mayor parte de estos coligalleros son nicaragüenses que cruzan ilegalmente la frontera, aunque asegura, se han identificado grupos de personas costarricenses, que transportan a estos migrantes desde distintas zonas fronterizas hasta las «champas» (campamentos). Según el informe dentro de esta población traficada hay mujeres y niños, que además son explotados laboralmente.

Con respecto al tráfico de químicos peligrosos, el documento indica que hay grupos organizados dedicados al ingreso de las sustancias a la zona, «sea provenientes desde el país vecino del norte u obtenidas de forma irregular de distintas empresas costarricenses encargadas de vender de forma legal ciertos productos químicos”.

Además, actos corruptos por parte de funcionarios públicos, lavado de dinero, tráfico de armas y otros delitos se cometen para sostener esta industria que genera según el OIJ unos $25 millones anuales. En febrero del 2020 UNIVERSIDAD recopiló testimonios en la zona en los que se relataba cómo oficiales de policía realizaban cobros de ¢10.000 por persona, por semana, para permitir la actividad de minería ilegal.

Los abogados ambientalistas Edgardo Araya y Álvaro Sagot, que han tomado parte de los procesos legales en contra de la actividad minera en el país y especialmente contra el proyecto de Infinito, coinciden en que la situación actual en Crucitas representa no sólo un enorme riesgo ambiental si no también social y económico, y consideran que se deben tomar acciones.

Autoridades permiten tácitamente minería ilegal

En la zona, dijo Araya, hay una «mafia» que opera desde que se inició la construcción de la mina de Infinito Gold, que sumada a las condiciones de pobreza y desigualdad, llevan a la gente a exponerse a cometer delitos con el fin de ganarse «una cochinada». «Los coligalleros llegan con la información de Infinito, sobre puntos concretos, ellos no llegan a buscar a lo tonto, esa mafia que hemos señalado sigue trabajando y mientras haya pobreza y  desigualdad, habrá gente dispuesta a meterse en un pozo de mercurio a sacar oro para que le paguen una cochinada», dijo.

Sagot por su parte, comentó que la problemática en la zona no terminó con los procesos judiciales que se han llevado a cabo, o incluso, con los que están pendientes de resolverse pues «tanto Salud como Seguridad están fallando en su labor», permitiendo tácitamente la minería ilegal en la zona.

En 2018 junto con la Federación Ecologista Nacional, el abogado interpuso una denuncia administrativa por el uso de mercurio, pero las autoridades en salud y ambiente «se tiraron la bola tanto que nos decidimos por un amparo», que está a la espera de resolución, así como la ejecución de sentencia por los daños ambientales que deberá pagar el estado.

«Estamos ante una situación gravísima de violación al principio de justicia pronta y cumplida», dijo Sagot. «Acá el Acuerdo de Escazú nos habría caído como anillo al dedo por lo que establece en temas de acceso a la justicia, porque que una ejecución de sentencia dure diez años no debería pasar en Costa Rica», consideró.

Alternativas de desarrollo

En Cutris en San Carlos faltan alternativas y sobran necesidades. Esta zona cuenta con pocas oportunidades de empleo y hay reinan la pobreza, el desempleo y la informalidad. Ante esta situación, la fiebre del oro se ha expandido y muchas personas, tanto locales como migrantes, participan en la extracción ilegal del precioso mineral.

Ante esta realidad, algunos sectores políticos y empresariales han afirmado que es mejor legalizar la actividad minera que sostener la prohibición y lidiar con quienes realizan estos actos ilegales.

En febrero pasado la diputada socialcristiana María Inés Solís presentó el proyecto de «Ley para el aprovechamiento rural de los minerales metálicos en Costa Rica», que pretende permitir la minería a cielo abierto en el país. Así mismo el excandidato presidencial liberacionista Rolando Araya propuso esta industria como alternativa de desarrollo económico en la Zona Norte.

Por otra parte, grupos ambientalistas y de derechos humanos sostienen que debe mantenerse la prohibición de la minería metálica en el territorio nacional y que deben desarrollarse alternativas de reactivación económica en armonía con el medio ambiente. «Es como si como no podemos reducir a cero los robos de carros, entonces legalicemos robar carros» dijo Edgardo Araya.

«Nuestra propuesta sigue siendo la creación de un monumento histórico natural, un homenaje a la resistencia de las comunidades y la apuesta de este país por un desarrollo sostenible, un símbolo de la lucha por la protección de la naturaleza», explicó.

Esta propuesta permitiría la preservación del patrimonio natural, al tiempo que permite desarrollar en la zona actividades económicas relacionadas con el turismo rural, la producción agroalimentaria y la investigación académica, explicó. «Si este gobierno lo asume como una prioridad, habrá cooperación internacional antiminera dispuesta a aportar para demostrar que existen opciones a la minería ilegal, que es una peste que sufre América Latina y que siempre estará presente donde haya oro y haya hambre, pobreza y desempleo».

Además, explicó el ecologista, «si se crea un polo de actividad económica antiminera, los coligalleros no van a poder hacer lo suyo, porque ocupan que no haya gente pues el proceso toma tiempo. Si hay gente no pueden». Araya aseguró que aunque el problema no puede solucionarse de un día para el otro, «cuando haya otro tipo de actividad, cuando llegue gente a verlo, investigadores, estudiantes, turistas, la cosa va a cambiar».

Álvaro Sagot por su parte dijo que existen muchas alternativas que pueden desarrollarse en la zona, si hay voluntad. En el espíritu del reconocimiento de los ecosistemas como sujetos de derecho, tomando como ejemplo el caso de la amazonía colombiana, dijo el abogado, es posible el desarrollo económico «sin destruir el bosque o la selva».

Por ejemplo, dijo, en la zona pueden generarse proyectos de turismo rural comunitario pues se presta para actividades como senderismo, observación de aves, etc., que generaría mayor actividad económica en la zona.

«La cosa es que para el que sólo quiere sacar el oro no hay alternativa», dijo Araya. «Además, ninguna propuesta de estas va a hacer a nadie millonario, que es lo que andan buscando, si no que generan un poquito para todo el mundo y permiten que el recurso se mantenga y se conserve en el tiempo».