La Comisión de Biodiversidad de la legislatura iniciará un proceso de fiscalización a los sectores estratégicos y la regularización ambiental a todo tipo de minería en Ecuador; seguimiento y control de concesiones mineras y plantas de beneficios, a nivel nacional, al igual que los pasivos ambientales.

Las nuevas acciones traen dudas a los actores del sector minero, ya que existen entes del Estado actualmente que se encargan de realizar estos procesos, más aún al contar con el Decreto 151 que plantea la creación de un plan de acción en 100 días para solventar las necesidades del sector.

La fiscalización a los sectores estratégicos como la minería, la cual está concesionada a empresas privadas, es una acción que podría entorpecer el desarrollo y crecimiento de este.

Esto surge luego de que, en el recorrido por territorio, donde se receptan observaciones a la Ley de Minería, diferentes sectores presentaron denuncias sobre las concesiones mineras. Los comisionados señalaron la importancia de iniciar procesos de fiscalización enfocados, además, en el cumplimiento de los planes de manejo ambiental, comentó el presidente de la comisión, Washington Varela.

Cabe resaltar que, el cumplimiento de las regularizaciones ambientales es función del Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica, entidad que pese a la creación del Decreto Ejecutivo aún existen demoras para entregar la documentación de funcionamiento como las licencias ambientales, permiso por el que empresas llevan años a la espera.

A vista de los actores mineros, la ausencia de este trámite durante la fiscalización de Comisión de Biodiversidad podría generar inconvenientes para continuar las operaciones en las concesiones, incluso, incidir en la propuesta del Proyecto de Reforma de la Ley Minera.

Los comisionados son conscientes que la autoridad única del agua es quien tiene competencias y atribuciones, pero consideran que son demasiadas y que deben ser revisadas, así como la actividad de control, puesto que la normativa es demasiado sancionatoria y no establece cómo se garantizará la calidad del agua.

Es por ello que los parlamentarios, con nueve votos, aprobaron la agenda programática de comparecencias y el pliego de preguntas que deben ser absueltas por los funcionarios públicos, conforme a los requerimientos presentados por los miembros de la Comisión a las autoridades de Ambiente y Agua, Energía y Recursos Naturales no Renovables, Defensoría del Pueblo, entre otros.

De medida podría afectar los objetivos del Gobierno de incentivar la inversión extranjera, ya que la seguridad jurídica se vería comprometida en la fiscalización.

La incertidumbre crece en este sector estratégico, el cual tiene la responsabilidad de aumentar los ingresos producto de las exportaciones de los minerales, para beneficiar la economía del país.