Franklin Soria, director de la Agencia de Prensa Minera, en una entrevista en el programa Pulso Informativo de Diario El Norte compartió sus análisis de la situación actual minera en la provincia de Imbabura.

Indicó que los eventos antimineros se reproducen en el país con mayor regularidad a medida que se acercan los escenarios electorales, pues considera que obedecen intereses políticos de algunos aspirantes a cargos públicos.

De igual manera destaca que los ciudadanos tienen el derecho democrático de oponerse a los trabajos de extracción, pero que la potestad de decidir sobre el futuro de concesiones mineras, fuera de lo que ya la ley establece, recae en los entes de control del Estado.

“La ley permite a los grupos antimineros la construcción de veedurías ciudadanas, que puedan acompañar, supervisar, hacerlo institucional sin buscar aquel show político”, recalcó.

Reconoce que las autoridades de control no generan confianza a nivel social en el país. “Hoy la asamblea habla de reformar la Ley Minera, para reformar la Ley Minera primero hay que hacer un diagnóstico, qué ha pasado con las autoridades de control, quiénes se enriquecieron, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, durante la temporada del boom de la minería ilegal, en Buenos Aires, qué ha pasado con esos procesos, si es que los hay. Pero que no genere confianza no significa que estas instituciones no deban ser saneadas, reforzadas, de manera que sean quienes cumplan con la ley y hagan cumplir la ley”, detalló.

Considera que no se han aplicado las sanciones a quienes protagonizaron las actividades ilícitas de minería ilegal en Buenos Aires, por enriquecimiento de estas tanto a los mineros como a los funcionarios que estarían involucrados.

De igual manera destacó que existe un pasivo ambiental que el Estado debe solventar, tal y como lo establece la Ley, con lo recaudado de los trabajos de excavación ilícitos.