El Gobierno del presidente Guillermo Lasso declaró el jueves a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado, por la identificación de vínculos directos con otros delitos y más grave aún con funcionarios de entidades de control minero que sostienen y se benefician de la actividad extractiva ilícita, así lo expuso Franklin Soria, mayor denunciante de la minería ilegal en Ecuador a través de una entrevista en Teleamazonas.

Para Soria, el anuncio del Gobierno es un acierto en términos de política y seguridad nacional pero resalta que una comisión ciudadana antiminería ilegal, potenciaría el pronunciamiento del Estado.

En relación a la conmoción suscitada por la intervención militar y policial el 24 de enero de 2023 en la parroquia La Merced de Buenos Aires, perteneciente al cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura, que yace plagada de mineros ilegales, el experto en temas mineros expuso que por un lado el Gobierno trató de frenar la minería ilegal en esta zona conflictiva, mientras que por otro la corrupción enquistada en la provincia de Imbabura alejaba a la comunidad rural de esta posibilidad. Es decir que, la minería ilegal en este sector no actúa por sí sola

“Cuando el Ejército fue con un operativo a despejar la zona de mineros ilegales, llama la atención que la Defensoría del Pueblo haya ido a defender a estos pobladores, algunos de ellos, mineros ilegales”, mencionó Soria.

En el país, delitos conexos como el lavado de activos, el narcotráfico, tráfico de armas, trata de blancas, corrupción, entre otros, forman parte de esta red delincuencial que opera con mayor intensidad en las provincias de Imbabura, El Oro, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe, Azuay, Napo, norte de Pichincha, Guayas, Morona Santiago y Loja.

B.M.