En el marco de la marcha de los mineros de Camilo Ponce Enríquez, en exigencia de seguridad jurídica y plazos de operación de los contratos de cinco años, con opción a ser renovables en Muyuyacu, el investigador y mayor denunciante de la minería ilegal, Franklin Soria, expuso las razones principales que generaron la movilización de los inconformes y su rechazo al acuerdo incumplido por parte de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP).

Soria declaró que, existe una estructura burocrática corrupta que construye, destruye y reconstruye derechos mineros con el objetivo de construir una oscuridad jurídica que permita las operaciones reñidas con la ley, agregó que esta burocracia genera escenarios donde solo puede operar o las acciones de hecho o la minería ilegal.

En el caso de Muyuyacu, la queja de los mineros ponceños radica en que no se ha cumplido desde ENAMI el compromiso hace varios meses de entregar solución dentro en los plazos estipulados en torno a sus peticiones. Esto debido al lento proceso de la entidad, evidenciado en la tardía construcción del consejo consultivo del sector minero contemplado en el Decreto 151, un asunto que debió ser ejecutado mucho antes porque no significaba complejidad. «Esas ociosidades burocráticas tienen efectos en la realidad», dijo.

Por consiguiente, la situación vulnera el trabajo de actores reconocidos como mineros legales por el ENAMI y resulta paradójico la postergación de lo que en un principio la entidad y por ende el Estado, se comprometió.

B.M