Milton Castillo Maldonado, ex Defensor del Pueblo y la Naturaleza en Galápagos, enfrenta una acusación de tráfico de influencias, tras haber intervenido en un conflicto por malos servicios notariales en 2019, subrayando las tensiones entre la justicia y la protección ambiental en el archipiélago.

Castillo fue denunciado por el Notario de Santa Cruz, Rafael Lima, tras defender a una ciudadana por servicios notariales considerados irregulares. «Fui denunciado por tráfico de influencias en el 2019 […] cuando defendí a una ciudadana que reclamó por servicios notariales irregulares,» afirmó Castillo.

La disputa surgió cuando una ciudadana solicitó un poder especial para su esposo enfermo, el cual fue autorizado por el notario suplente de la notaria de Santa Cruz, lo que llevó a un enredo administrativo y legal con el notario titular. «La ciudadana y su hijo fueron a pedir que se les entregue el poder notarial, pero solo encontraron al notario titular, quien les dijo que él debía haber hecho el poder y que además faltaba la firma de uno de los testigos», explica Castillo sobre el incidente que desencadenó la denuncia.

Según el ex defensor y los afectados, el notario titular tachó el documento hecho por su suplente, el cual contenía  firmas de los testigos y del cónyuge de la ciudadana, luego alteró las razones oficiales y la fiscal acogió cargos en su contra basándose en esos indicios, pese a que actuó amparado por la ley para defender a una ciudadana por un mal servicio público.

Castillo teme que «no impere la verdad» y que busquen utilizar el aparato judicial para perseguirlo e intentar encarcelarlo, porque la fiscal que lo investiga no es imparcial y a ella le ha denunciado por casos muy delicados , donde se han visto perjudicadas personas y especies protegidas de las islas;  hace un llamado para que en Galápagos también se investiguen a fondo casos  al estilo «Metástasis» y «Purga» sobre corrupción judicial, donde estarían implicados jueces, fiscales y notarios.

La situación de la justicia en Galápagos evidencia la necesidad urgente de exigir transparencia y eficacia en el archipiélago, pues los jueces y fiscales de primer nivel tienen conexión directa con la fiscalía y con la corte provincial del Guayas ¾con jueces presos en casos metástasis y fiscal provincial llamada a rendir versión en el caso ´purga´[1] ¾ , toda vez que no existe Corte Provincial para las islas.

La fragilidad del archipiélago exige no solamente proteger los derechos de los ciudadanos que habitan en él, sino también conservar su invaluable biodiversidad, amenazada por delitos como el tráfico de especies.

El ex defensor denuncia que la fiscal, que dice tener un dictamen acusatorio en un caso tan ridículo, no explotó todas las líneas de investigación sobre un caso gravísimo de tráfico de 185 tortugas en 2021, pese a la orden judicial que le dispuso  indagar a más integrantes de la banda. Eso es un caso gravísimo de negligencia de la fiscal que solamente se enmarca dentro de una política de irregularidades y deshonestidad, tal como viene siendo el  curioso e indignante caso “purga” donde hay fiscales también involucrados con las mafias del narcotráfico.

<<Los serios problemas de justicia en Galápagos, que es la única provincia en donde no hay Corte Provincial de justicia, se han exacerbado aún más en estos meses, especialmente a raíz del reportaje de Código Vidrio sobre Galápagos como la “gasolinera del Pacífico”>>, alerta Castillo.