El presidente colombiano Gustavo Petro dispuso que el Ministerio de Minas y Energía asuma la compra directa de oro en las zonas productoras del país, desplazando la función que tradicionalmente realizaba el Banco de la República. La medida busca recuperar el control estatal sobre el comercio del metal precioso y reducir el peso de la minería ilegal en la economía nacional.

Según explicó el mandatario, la decisión responde al hecho de que el banco central ha dejado de adquirir oro en el territorio nacional, mientras parte del metal se comercializa sin control. Petro calificó esta situación como “un descalabro financiero” y ordenó al ministerio iniciar el nuevo esquema de compras a partir de noviembre de 2025.

El ministro Edwin Palma precisó que el programa se centrará en compras regionales, con el propósito de ofrecer precios justos a los mineros legales y frenar la cadena de intermediación asociada al lavado de activos.

Datos oficiales indican que casi el 80 % del oro comercializado en Colombia proviene de fuentes informales o ilegales, lo que implica pérdidas millonarias para el Estado. Además, el Gobierno anunció que los activos de oro bajo extinción de dominio serán destinados a cooperativas mineras organizadas, como parte de la estrategia para formalizar el sector.

La iniciativa beneficiaría inicialmente a 7.400 mineros formalizados, con la meta de alcanzar a más de 350.000 trabajadores informales, en un intento por dar transparencia y valor social a la producción aurífera nacional.