La tarde y noche del 23 de enero del presente año, militares y policías arribaron hasta la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura para resguardar este sector que se ha visto afectado por mineros ilegales.

Sin embargo, el discurso antiminero no se hizo esperar, pues sin justificación grupos antimineros extremistas expresan su rechazo a la oportuna intervención militar y policial, haciendo inoportunos llamados a la «resistencia antiminera», que no es otra cosa que acciones violentas en contra de instalaciones y trabajos promineros.

Felicitamos al Gobierno Nacional y al Ejército ecuatoriano hacer efectiva las leyes y recuperar territorios, hasta hoy en la mañana, ocupados por la minería ilegal y dar pasos a que sea el Estado ecuatoriano quien administre y garantice que en esta zona rige el imperio de la ley, que significa la no presencia de la minería ilegal, la no ingerencia violenta de la antimineria extremista y la salvaguarda a las actividades mineras 100% legales, que a su vez implica empleo, generación de divisas y encadenamientos productivos.

La parroquia La Merced de Buenos Aires se convirtió en un foco infeccioso de mineros ilegales donde grupos delincuenciales garantizaban la impunidad y la operación ilegal, por lo tanto más allá de las posiciones políticas ideológicas, algunas respetables y otras incoherentes, nosotros llamamos a la calma y a la reflexión a quienes hoy rechazan esta presencia efectiva del Gobierno quiénes de manera errónea califican el accionar como represión.

Lo anterior, sin tomar en cuenta que no había otra salida en la zona de Buenos Aires que no sea la presencia de la fuerza policial y militar para contrarrestar el influjo de la minería ilegal.

B.M.