Apenas 53 días después de que el Cerro Azul fuera declarado Bosque y Vegetación Protector, el Gobierno nacional abrió la posibilidad de desarrollar actividades mineras en esta zona ubicada al oeste de Guayaquil, generando cuestionamientos de colectivos ambientales y habitantes de la vía a la Costa.

La polémica surge luego de que informes técnicos vinculados al proceso de reapertura del catastro minero incluyeran áreas relacionadas con la extracción de materiales de construcción, argumentando una creciente demanda derivada del desarrollo urbano y demográfico del país.

La decisión contrasta con la declaratoria emitida el pasado 6 de marzo por el Ministerio del Ambiente y Energía, que reconoció al Cerro Azul como uno de los últimos remanentes de bosque seco tropical de la provincia del Guayas. En ese momento, el Ejecutivo sostuvo que la medida buscaba frenar la fragmentación del ecosistema, ordenar el uso del suelo y proteger especies de flora y fauna amenazadas.

El área protegida abarca entre 680 y 820 hectáreas, según distintos reportes oficiales y medios locales, y forma parte del corredor ecológico de la cordillera Chongón-Colonche. En la zona habitan especies como tigrillos, monos aulladores, armadillos y jaguarundis, además de árboles emblemáticos del bosque seco tropical ecuatoriano.

La declaratoria ambiental había sido impulsada por colectivos ciudadanos y residentes de más de 26 urbanizaciones de la vía a la Costa, quienes denunciaron durante meses el avance de canteras y procesos de degradación ambiental en el cerro.

Ahora, la posibilidad de habilitar concesiones o actividades extractivas vuelve a encender el debate sobre la compatibilidad entre conservación ambiental y desarrollo minero en zonas estratégicas del país. Organizaciones ambientales advierten que cualquier flexibilización podría debilitar la figura de protección recién otorgada y aumentar la presión sobre uno de los principales pulmones naturales de Guayaquil.

Foto tomada de: Ministerio de Infraestructura y Transporte