Joaquín Villarino, jefe del Consejo Minero -que une a grandes firmas como Anglo American, Antofagasta, Barrick, BHP y Teck- dijo a un medio chileno que el grupo generó un documento para mostrar cómo trabaja el sector y cómo se proyecta hacia el futuro.
Las gigantes multinacionales de la minería en Chile buscarán entrar en el debate constitucional que iniciará pronto en el país y consideran importante preservar los principios que contribuyeron al crecimiento de la actividad, revelaron al diario El Mercurio.
Un amplio acuerdo político generado tras las violentas protestas sociales que sacudieron al país en el 2019 se tradujo en una variopinta asamblea de 155 miembros, que tendrá que redactar la nueva carta magna para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Joaquín Villarino, jefe del Consejo Minero -que une a grandes firmas como Anglo American, Antofagasta, Barrick, BHP y Teck- dijo a El Mercurio que el grupo generó un documento para mostrar cómo trabaja el sector y cómo se proyecta hacia el futuro.
“Hay algunas cosas que deberían mantenerse porque han sido positivas y han contribuido a que este país logre niveles de desarrollo que no tiene ningún otro país de Latinoamérica”, afirmó.
“Nos parece un error hacer un borrón de las cosas positivas”, agregó.
En la elección de los redactores de la Constitución tanto la centroderecha gobernante como la tradicional centroizquierda, que gobernó mayormente al país desde el retorno a la democracia, sufrieron una derrota ante candidatos independientes y de una coalición de izquierda con el Partido Comunista.
Villarino dijo que la propuesta de los mineros incluye el controvertido factor ambiental, uno de los puntos por los que la industria es más criticada, y se abren a modificaciones en otros temas.
También contempla ajustes a la política de pueblos indígenas, mantener derechos laborales vigentes, la titularidad del Estado sobre los recursos y su opinión sobre diversos temas generales.
La iniciativa aparece cuando la industria del cobre y litio están en la mira de la opinión pública por un debate sobre una regalía sobre las ventas, en un año en que el precio del cobre ha tocado máximos históricos.