La tarde del martes 1 de junio, varios antimineros de la parroquia Buenos Aires, se encontraban en espera de la audiencia pública que fue convocada por la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Urcuquí.

Tras 20 minutos de espera el Juez, Manuel Sucuzhañay suspendió la audiencia al no tener la presencia de las autoridades competentes como la Gobernación de Imbabura y el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables.

Las quejas por parte de los antimineros no faltaron, afirmaban “estar indefensos” y que sus derechos humanos han sido violentados.

Su “resistencia” en la entrada de la parroquia ha cumplido los 43 días, así como también la espera de los promineros y trabajadores que se encuentran en el lado opuesto de manera pacífica esperando que se cumpla con sus derechos tanto al trabajo, seguridad, y libre circulación hacia las concesiones de la empresa Harine que han sido otorgadas legalmente.

Los antimineros que se encuentran obstruyendo la vía pública, pidieron al Juez Constitucional el desalojo del transporte, trabajadores y comunidades que se encuentran en apoyo a la minería responsable en la zona, porque han afirmado varias veces que la empresa no tiene la documentación, misma que ya ha sido leída por autoridades competentes en la mesa técnica realizada en el mes de abril.

El asambleísta Mario Ruíz, estuvo presente en conjunto con los antimineros y además fue quien solicitó la audiencia para solucionar el conflicto social que se está viviendo, pero después de 20 minutos de la hora estipulada fue suspendida por el Juez de turno.