En 20 de las 24 provincias del Ecuador se desarrolla minería ilegal, según los datos de la Agencia de Regulación y Control de Energía.

De ellas, El Oro es una de las más afectadas, como el socavón suscitado en Zaruma el año anterior, pero este no es el único cantón donde las extracciones ilícitas se han esparcido a vista y paciencia de las autoridades de turno; en Santa Rosa esta problemática ha generado severa contaminación ambiental.

En el sitio Caluguro, de la parroquia Bellamaria, en la concesión denominada “AGATA” código 30000577, que se encuentra en proceso de otorgamiento, existe un área de más de 20 hectáreas, específicamente bajo las coordenadas UTM WGS 84, Zona 17S: REF 1: E:621511; N:9615638 y REF 2: E:621180; N:9615688, donde un grupo de mineros ilegales se adueñó de estos espacios con aproximadamente 30 excavadoras.

Estas labores antitécnicas han causado destrucción de cuanto se consigue a su paso y genera contaminación, además del robo de los recursos minerales, como es el oro.

Dicha situación fue evidenciada y denunciada en 2020, por el peticionario de la concesión para minerales metálicos denominada AGATA, ante la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARCERNNR, la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Ambiente y Agua y, ante el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pero hasta la fecha las extracciones ilícitas continúan sin que realicen acciones por parte de las entidades de control para el detenimiento y erradicación, lo que demuestra una respuesta a los intereses personales de los funcionarios por encima del deber.

Cabe destacar que, tras esta acción el peticionario del área AGATA recibió amenazas de muerte por parte de los mineros ilegales, situación que fue denunciada ante la Fiscalía, sin recibir respuestas hasta el momento.

El único pronunciamiento obtenido se efectuó bajo el oficio ARCERNNR-CZEO-2021-1039-OF, la Coordinación Zonal El Oro de la ARCERNNR, informó, “que realizó una inspección el jueves 28 de mayo de 2021, en la cual no se encontró equipos o personal realizando actividades mineras, sin embargo existen indicios de actividades anteriores”.

El informe finaliza indicando que: “De igual manera, se remite el informe a los titulares de las áreas denominadas DENIS DOS código 301262 y REINA DEL CISNE código 30000689, recordando su facultad de realizar actividades únicamente en los límites de su título minero, al encontrarse circundantes a la zona denunciada”.

Pese a realizar la denuncia de la existencia de extracciones ilícitas en dicha área, haber entregado evidencia e incluso las coordenadas de donde se comete el ilícito, la entidad tardó casi un año en acudir a realizar la inspección.

El mapa de la inspección fue realizado por Elister Cabrera Armijos, especialista de Seguimiento, Control y Catastro Técnico Minero Regional, el cual fue aprobado por Cristhian Xavier Benalcázar Orosco, coordinador Zonal El Oro, quien finalmente emitió el oficio negando la existencia de minería ilegal en dicha concesión.

Pero llama la atención que, en el documento presentado, las coordenadas visitadas en la inspección no corresponden a las denunciadas por el afectado, ¿Por qué se colocaron otras? ¿Qué intereses y a quiénes protegieron?

Además, existe la preocupación de que el área se encuentra en proceso de trámite de otorgamiento del título minero, es decir, antes de que sea concedida ya está siendo explotada de manera ilícita y sin autorización del peticionario del área AGATA.

Cabe resaltar que mediante Decreto Ejecutivo 151, se debe crear un plan de acción que garantice la seguridad jurídica del titular del área y una estrategia interinstitucional para la erradicación de la explotación ilícita de minerales, mandato que actualmente no se cumple por omisión e inacción, puesto que las denuncias fueron presentadas ante las entidades correspondientes.

La minería ilegal inició en esta zona en 2020 ocupando 12 hectáreas, pero gracias a la falta de atención de las autoridades locales actualmente, se expande por más de 20 hectáreas, sin contar con los permisos necesarios para operar ni los procedimientos correctos, lo que genera daños al medioambiente, es decir, se comenten delitos mineros y ambientales tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Dichas acciones ilícitas afectarían el futuro de este título minero y de quien está en proceso de otorgamiento, pero también a todos los ecuatorianos, pues cada gramo de oro que es extraído de manera ilegal representa ingresos que deja de percibir el Estado, los cuales se transformarían en proyectos sociales o inversiones en el país.

Una intervención como la realizada en febrero en la zona de Yutzupino, provincia del Napo, por parte del Ministerio de Gobierno, bajo el liderazgo de la ministra Alexandra Vela lograría sacar a los ilegales y a su vez, desmantelar las redes de corrupción que benefician a la minería ilegal, mediante una investigación en cada una de las entidades que han omitido esta problemática.