La falta de Consulta Ambiental, paraliza al sector minero

Fernando L. Benalcazar, Director del Organismo Latinoamericano de Mineria (OLAMI) y ex Viceministro de Minas, mantuvo una entrevista con Democracia TV, sobre algunos temas vinculados con los desafíos del sector minero, la realidad actual, los problemas que tienen en la incidencia de la minería ilegal en el país.

Benalcazar, señalo que actualmente se está viviendo una de las situaciones más conflictivas y problemáticas dentro del sector, quien considera que es debido a la firma del acuerdo de la Paz, dentro de este menciona que se establecieron criterios para que las Organizaciones firmantes e indígenas, pretendan evaluar técnicamente los proyectos mineros existentes, se comprometieron en definir una ley de consulta ambiental y una de consulta previa, libre e informada.

Una deuda que, según el ex viceministro, mantiene el Estado ecuatoriano desde hace 25 años, tras firmar el convenio OIT 169 y que hasta la fecha esta ley no ha existido pese a varios intentos, resoluciones y sentencias de la Corte Constitucional.

Para la consulta ambiental se emitió un decreto ejecutivo que estableció la consulta prelegislativa requerida para hacer un cambio en el Reglamento del Código Orgánico Ambiental, la cual inició este 6 de marzo y a finales de la próxima semana se espera contar con la ley de la consulta ambiental. Expresó qué hay 127 solicitudes de licencia demoradas en dicho ministerio y poquísimos técnicos para despacharlas, cuestionó quién definirá el orden de prelación respectivo?

Además, Benalcazar considera que la falta de consulta ambiental, ha sido el argumento utilizado por la Corte Constitucional y por otros tribunales de la Justicia para suspender, revocar licencias, parar proyectos de toda índole.

Citando lo ocurrido recientemente en donde la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente, fue revocada para un proyecto de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP), en asociación con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), en el caso “Llurimagua”, en la sentencia se revoca la licencia, pero también se dice deberá cumplirse con la ley de consulta, que en su momento no existe.

Según su criterio, el declarar a la minería ilegal como un atentado a la seguridad nacional fue algo a comienzos de este año sin precedentes y digno de felicitación, porque los tentáculos de la minería ilegal en lo económico pueden ser tan fuertes con conexiones estructuradas con el dinero proveniente del narcotráfico que podría desencadenar en altas tasas de criminalidad y por ello insistió en la creación de un Consejo de Combate a la misma.

En cuanto al tema del conflicto en el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, que involucra a la empresa Anglo American, comentó que ésta es una de las cuatro más grandes del mundo y con inversiones invididuales en 8 países que superan los 5 o 6 mil millones de dólares, “sería para el país una pérdida dejar de contar con una de las grandes inversionistas, que tienen un brazo financiero muy fuerte y un histórico minero sustancial en una zona donde sí existe respaldo a su trabajo y también oposición de grupos externos q perdieron en los tribunales”.


A. Ch.