La Ley de Minería de 1991, expedida durante el gobierno de Rodrigo Borja, transformó el rumbo del sector y marcó un antes y un después en la historia minera del país.

En la Presidencia del Dr. Rodrigo Borja se promulgó la Ley de Minería de 1991, una norma que modernizó el marco jurídico del sector y sentó las bases de la minería contemporánea en el Ecuador. Inspirada en el Código Minero chileno, la ley estableció concesiones de hasta 5.000 hectáreas y abrió el camino para una nueva etapa de exploración y desarrollo.

Uno de sus cambios más trascendentes fue la eliminación de los informes previos de la Procuraduría General del Estado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Contraloría General, cuyos pronunciamientos descoordinados mantenían paralizados los trámites durante años. Con esta decisión, se rompió el círculo de la espera eterna y se devolvió certeza jurídica a la actividad minera.

La normativa permitió además destrabar solicitudes que llevaban más de diez años represadas, dando paso a la emisión de títulos mineros históricos, entre ellos la concesión Bella Rica. En un contexto marcado por los asentamientos de Nambija, el arranque de Yanacocha en el norte del Perú y el renovado interés regional por la minería, Ecuador comenzó a captar la atención de empresas senior y junior dispuestas a explorar su riqueza geológica.

Hoy, cuando la memoria se impone sobre el tiempo, la Ley de Minería de 1991 permanece como uno de los hitos más importantes del difícil y prolongado camino minero del país. Paz en la tumba de un expresidente que, con visión y decisión, dejó una huella profunda en la historia del Ecuador.